Chile: Un mundo político sin legitimidad

Héctor Vega
Fuente. G-80

Los 4 años de gobierno del presidente Aylwin constituyeron una búsqueda frustrada de identidad nacional que había perdido la sociedad chilena en 17 años de dictadura. Fueron 17 años en que se atropellaron brutalmente los derechos humanos y sus valores culturales. Sorprendentemente nunca hubo en este período una clara decisión en relación a la vigencia de la amnistía de 1978 decretada por la dictadura con el objeto de asegurar la impunidad de sus crímenes y que resultó inaceptable para la conciencia democrática de Chile y del mundo.

Burocráticamente en el gobierno Lagos y después de 15 años [2005] se pretendió dar por cerrada la transición con reformas constitucionales cosméticas. Su gobierno, como el que lo sucedió y los precedentes de la Concertación nunca entendieron que no bastaba modificar el aparato del Estado para legitimar el gobierno que presidían. Embarcados en acuerdos [en hombres, partidos e instituciones] los gobiernos de la Concertación, de factura propia y particular, transfirieron la soberanía popular al reino de los negocios. No vieron o no quisieron ver que al igual que en la dictadura trasladaban el quehacer de la política a las cúpulas empresariales y financieras.

Las organizaciones de trabajadores, de consumidores, de vecinos en cuanto instituciones relevantes del mundo social fueron relegadas al carácter de medios de apoyo electoral de los gobiernos de turno. Fue el Obispo Goic de la Iglesia Católica quien llamó la atención al gobierno de la Concertación acerca de la necesidad de consagrar un salario digno para los trabajadores. Preocupación que el próximo gobierno de la Alianza pretende sustituir – a instancias de la OCDE – por el objetivo de mayor productividad, anunciándose desde ya reglas para imponer una mayor flexibilidad laboral y una menor indemnización por años de servicio.

El modelo neoliberal: una continuidad planificada

El funcionamiento del modelo neo-liberal en su forma actual no habría sido posible sin la negociación de los cerrojos constitucionales con la dictadura [1989] que impedirían en las dos décadas siguientes romper las bases del modelo. No sólo no hubo intención de transformar la institucionalidad de la dictadura sino que ella fue adoptada consciente y planificadamente por la Concertación en un verdadero cogobierno con la Alianza. Por ello nunca se recuperaron los espacios sociales perdidos durante la dictadura. El Estado quedó así relegado a roles asistenciales y la pobreza fue considerada como un residuo social inevitable del mercado. Se había consagrado así la desmovilización social en Chile. Mientras el Estado aumentaba los beneficios tributarios para las transnacionales, los altos ingresos, fondos de inversión y grandes empresas, se incrementaban los bonos y subsidios con los cuales el Estado debía satisfacer las necesidades sociales. En esta estrategia se distribuyeron los roles entre los dos conglomerados políticos, donde hoy la Alianza postula hacer lo “mismo pero mejor”, asegurando así la continuidad de la Concertación.

Si bien la Ley Constitucional de Concesiones Mineras [LOCCM] fue dictada durante el gobierno de Pinochet [1982], así como el DL 600 de inversiones extranjeras y las franquicias tributarias que redundarían en mayores inversiones en el cobre no fue sino durante el gobierno de la Concertación que se produjo la desnacionalización de nuestra principal riqueza. Es en esa época cuando ilegalmente el Estado de Chile se deshace en beneficio de las transnacionales de las minas de reposición. El pueblo de Chile debe saber que sus tribunales se han negado sistemáticamente a hacerse cargo de las demandas iniciadas por el Comité de Defensa del Cobre para recuperar riquezas naturales que pertenecen al patrimonio de Chile, ilegalmente transferidas a inversionistas privados, con la complicidad de autoridades de gobierno de la época y de CODELCO en particular.

Las reglas del mercado

Bachelet no lo hizo mejor que sus antecesores. Creyó que los subsidios, fruto del precio del cobre, permitirían gobernar con las reglas del mercado neoliberal y el ropaje de la sensibilidad social. Vano intento porque en definitiva las platas del Estado se canalizan según las reglas del mercado del dinero – Administradoras de Fondos de Pensiones [AFP] e instituciones financieras entre otras – otorgando cuantiosas ganancias a los administradores del dinero del público. Es así como el gobierno Bachelet dejó en manos del mercado la educación en desprecio absoluto de lo que se pactó en un inicio con estudiantes y profesores en 2006. Agréguese a ello las jubilaciones, la salud, la vivienda popular…, bienes públicos hoy sometidos a las leyes del mercado.

Confundir las artes del mercado con el gobierno conllevó la pérdida inevitable de legitimidad política de la Concertación. Causa fundamental de su derrota electoral. Porque el orden político no solo no fue legitimado en sus resultados – quiero decir la participación popular – sino que además no logró canalizar las demandas políticas y sociales que surgieron durante la dictadura y desde el plebiscito del SI y del NO. Fue una época donde se acuñaron gestos de unidad y solidaridad y que nunca más volverían a repetirse en la sociedad chilena.

Lo político surge de lo social

En su afán de rectificación, la izquierda oficial, o tradicional, no lo hizo mejor pues cuando la militancia, en un acto de catarsis buscó la legitimidad en el pasado allendista, mediante formulaciones idealistas de la revolución social, de golpe ese acto se transformó en un tema trivial. Pues, la política no nace de un ideario abstracto. Eso es precisamente lo que practica y conoce la Concertación. Desvaloriza la política. Ejerce la política a partir de lo político, esto es, nunca entendió que la política procede de lo social. Lo social no es agotar la gestión en plazas ciudadanas, en campañas sociales, en hacer puerta a puerta, o repartir bonos y subsidios. Es mucho más que eso. Lo social significa transformar las inquietudes y necesidades de la población en poder político; transformar una noción estadística, electoral, como la de población o gente, grupos etarios, etcétera, en la noción de pueblo. El pueblo expresa su voluntad soberana cuando decide tomar su destino en sus propias manos. Es decir se convierte en actor político. Todo eso fue reemplazado por una sociedad que hoy vive la política a partir de la política. Es decir convirtió al pueblo y su participación en algo irrelevante; valedero solo en época de elecciones.

De esa práctica se desprendieron consecuencias mayores para el futuro republicano. El Congreso continúa siendo correa transmisora de intereses discutidos y resueltos en las instituciones patronales del comercio, la banca, instituciones financieras y los negocios. Los verdaderos foros se instalan en la Asociación de Bancos, la Sociedad Nacional de Agricultura, el Consejo Minero, la Sociedad Nacional de Minería, la SOFOFA, la Confederación de la Producción y el Comercio, la Cámara Chilena de la Construcción…

El 17 de enero pasado las mismas instituciones que durante 20 años fueron determinantes para el ejercicio de los acuerdos Concertación-Alianza, dieron al traste con la Concertación. No obstante, Concertación y Alianza expresan el mismo orden y sus mismas formas de vivir lo político [ethos]. Sin embargo, al igual que todo orden político, es necesaria la lealtad de la población para asegurar su legitimidad. Pues los valores mediante los cuales se constituye la identidad de la sociedad se ejercen a través de instituciones que deberán emplear el poder político como parte del proceso de integración social de la sociedad chilena. La legitimidad se pierde cuando el actor social del cambio, rehuye o se abstiene de llevarlo a cabo.

Un mundo que ya no existe

Todo indica que la institucionalización del cambio en la sociedad chilena está lejos de detenerse. Eso juega tanto para la Concertación como para la Alianza. Pues convivimos en un marco de dependencia global mutua donde las especulaciones financieras del mundo desarrollado llevaron a una crisis mundial de recesión. Sin embargo, el reclamo y demanda sociales del presente no se parangonan con la época ya lejana del NO. Hoy, la magnitud de la demanda está alentada por las grandes transformaciones sociales en un mundo global donde los bajos salarios del sudeste asiático provocan desempleo en Suramérica y donde las Transnacionales fijan las condiciones y precios de mercado de las materias primas y manufacturas del Tercer Mundo. Ello sin olvidar los conflictos de baja intensidad que cruzan las fronteras y asolan la población civil en sus consecuencias. Más aún se trata de un mundo donde la crisis energética y el calentamiento global plantean problemas que amenazan la supervivencia del género humano en el planeta.

Por eso, lo que ayer los actores políticos del pasado definieron como instituciones y prácticas dispuestas para asegurar la gobernabilidad, y que más aún creyeron en su legitimidad, ya no son válidas en un mundo que ya no existe.