jueves, 26 de agosto de 2010

Royalty al cobre

Manuel Riesco



Existe disposición del gobierno y la oposición para incrementar los cargos a las mineras privadas por la explotación de recursos que pertenecen a la nación. Ello es muy positivo y refleja el amplio consenso nacional respecto que los cargos actuales son muy insuficientes. El gobierno y sectores de la oposición han sugerido un aumento moderado de los cargos actuales, compensado con una extensión de la invariabilidad que les fue concedida anteriormente. Ello no parece conveniente, según lo han manifestado numerosos parlamentarios que sugieren en cambio abrir un debate nacional a fondo respecto del tema, que pueda conducir a una política de más largo plazo. Ellos tienen razón.

En el curso de los últimos años el mundo ha tomado conciencia de la inminente emergencia económica del mundo hasta ayer considerado subdesarrollado. Hoy representa un tercio de la economía mundial, pero alberga más del 85 por ciento de la población y la mayor parte de los recursos naturales. Ello modificado la importancia estratégica de estos últimos, dada su naturaleza evidentemente limitada.

Los principales países y empresas han iniciado una verdadera carrera para asegurar su acceso a los mismos. Más importante que el precio, que en el caso de estos recursos siempre oscilará con la demanda, lo que hoy interesa principalmente es garantizar el abastecimiento de los mismos. Ello ha mejorado considerablemente la posición negociadora de los países que los poseen en abundancia, muchos de los cuales, aún los más pequeños, han procedido a afianzar su control sobre los mismos e imponer a las empresas que los extraen condiciones que les resultan más favorables.

Los principales países han recuperado sus recursos naturales. En años recientes, uno tras otro, los países ricos en recursos naturales han introducido importantes cambios en sus políticas al respecto, destinadas a recuperar el control de los mismos. Rusia, por ejemplo, revisó todos los contratos de privatización del gobierno de Yeltsin y revirtió buena parte de ellas, especialmente cuando favorecieron a grandes transnacionales extranjeras. Sin perjuicio de ello, todas estas aceptaron continuar operando allí de una u otra manera, debido a su interés en acceder a esos recursos.

Los hitos más significativos al respecto en el último tiempo han sido la declaración por parte del gobierno de Brasil, el 2009, de su intención de explotar por si mismo las recién descubiertas depósitos de petróleo y revertir la privatización parcial de Petrobras impulsada por el gobierno de Cardoso. El Presidente Lula la calificó como la segunda independencia, utilizando la expresión del Presidente Allende.

Argentina, por su parte, impuso el 2007 un royalty de 10 por ciento a la extracción de minerales. El público chileno se vino a enterar a raíz de las declaraciones recientes del gerente de XStrata, minera que opera el yacimiento binacional El Pachón, cuyo depósito se encuentra en territorio argentino. Consultado al respecto por El Mercurio de Santiago el 15 de junio del 2010, el ejecutivo señaló que las empresas no hacen las leyes sino los proyectos, los cuales deben considerar además de los impuestos, imponderables más significativos, como el precio de los productos e insumos principales. Considerados todos estos aspectos, si resultan rentables entonces se llevan a cabo, declaró el gerente de la minera. Por si quedase alguna duda al respecto, agregó que ninguna empresa minera había modificado un ápice sus proyectos de inversión a raíz de la reciente discusión de royalties en Chile.

El gobierno de Venezuela ha renegociado los contratos con petroleras extranjeras que operan en su territorio, mejorando sucesivamente sus aportes al país. Los gobiernos de Bolivia y Ecuador tomaron control de sus yacimientos de hidrocarburos e impusieron mejores condiciones a las empresas que los operan. En todos estos casos, todas las empresas extranjeras permanecieron, aceptando las nuevas condiciones.

Más recientemente, Australia impuso cobros muy significativos a su industria extractiva, que ya pagaba cargos considerables por los recursos. El gobierno de ese país decidió generalizar a todos los recursos del subsuelo el impuesto específico que ya pagan las empresas petroleras, que es de 40 por ciento sobre todas las utilidades que exceden un 6 por ciento de ganancias sobre el capital invertido, que se estima constituye una ganancia normal. Con dicho cobro, la tasa de impuestos efectiva sobre las utilidades de las mineras habría alcanzado a 58 por ciento, según cálculos de las mismas mineras.

Sin embargo, las empresas afectadas, que son las mismas que operan en Chile, llevaron a cabo una feroz campaña que culminó en pocas semanas con la caída del Primer Ministro que había tomado esta determinación. Su sucesora alcanzó rápidamente un acuerdo con las mineras, en virtud del cual el impuesto específico se rebajó a 30 por ciento de las utilidades que excedieran un 12 por ciento de ganancias sobre el capital invertido, con lo cual la tasa de impuestos efectiva quedó finalmente en 40 por ciento de las utilidades antes de impuestos.

Chile, en cambio, mantiene una política que no resguarda sus recursos, fomentando su traspaso a manos privadas, con el agravante que no cobra por su explotación, o lo hace de modo muy insuficiente. En el caso de los recursos del subsuelo, a pesar que la constitución mantiene la cláusula la propiedad inalienable e intransferible de los mismos aprobada unánimemente en la nacionalización de 1971, acto seguido establece desde 1981 la concesión de los mismos con garantías que exceden las del derecho de propiedad común y corriente. La mantención de esta cláusula impuesta por la dictadura ha sido el error más grave de los gobiernos democráticos y la misma debe ser derogada puesto que atenta gravemente contra el interés nacional y reemplazada por una política moderna, aprobada por un parlamento democrático.

El resultado de las políticas anteriores es que en el curso de las últimas dos décadas, gran parte de los recursos minerales han sido entregados en concesión plena a un reducido grupo de grandes empresas, casi todas extranjeras, que hoy producen dos tercios del cobre y subproductos de la gran minería, mientras CODELCO ha visto reducida su participación, de más de un 90 por ciento de la producción total en 1989, a menos de un 30 por ciento hoy.

De acuerdo a sus propios balances, las utilidades antes de impuestos, intereses, amortizaciones y depreciación - usualmente conocidas por sus siglas en inglés EBITDA - de las mineras privadas sumaron 76.820 millones de dólares en los últimos cinco años, con un promedio anual de más de 15.364 millones de dólares por año. Ello equivale a alrededor de la mitad del presupuesto del Estado en los años respectivos. En otras palabras, Chile financia un Estado y medio, siendo el segundo las rentas mineras que transfiere a estas empresas. Resulta a todas luces inconveniente que unas pocas empresas - la mayor parte está en manos de menos de diez empresas y el grueso lo controlan tres de ellas - se apropian de recursos que pertenecen a la nación y que alcanzan el mismo orden de magnitud que los que maneja el propio Estado. Se ha visto recientemente como las principales de ellas derribaron en pocas semanas al Primer Ministro de Australia, país de origen de las mayores. No resulta difícil imaginar la influencia política que han alcanzado asimismo en Chile.

Prácticamente todas la ganancias señalada corresponde a renta del recurso, puesto que equivalen a un 77 por ciento del precio del cobre, en promedio durante el período señalado. En otras palabras, de cada 100 dólares vendidos en cobre a lo largo de los últimos cinco años, 77 fueron ganancias. En algunos años de precios elevados, dichas ganancias alcanzan a 90 dólares por cada 100 dólares de cobre vendido. Es decir, el precio del metal no guarda absolutamente ninguna relación con su costo de extracción, que en Chile resulta prácticamente gratis. Ello se explica principalmente porque la venta de los subproductos pagan la mayor parte de los costos. Como señalo acertadamente un editorial reciente del diario británico Financial Times, publicado en apoyo de la intención Australiana de cobrar por los recursos, ésta es precisamente la característica que distingue a los recursos naturales, cuya economía se asemeja según el diario británico a la de los buscadores de tesoros: una vez que se extraen, su precio no guarda relación alguna con sus costos de producción, como ocurre con todos los bienes industriales normales. Por lo mismo, en esos casos, las ganancias tienen relación directa con la mayor o menor eficiencia de las empresas productoras. En el caso de los recursos naturales, en cambio, el precio depende exclusivamente de lo que la demanda esté dispuesta a pagar por los tesoros extraídos, los que son susceptibles de apropiación. Por este motivo, concluye el diario británico, los Estados donde se encuentran los tesoros tienen todo el derecho a quedarse con buena parte de su precio.

Llama profundamente la atención que las ganancias por tonelada de cobre producido resultan superiores en el caso de CODELCO que en las mineras privadas. La estatal obtiene ganancias de 77 centavos por cada dólar de cobre vendido, mientras la privadas declaran obtener solo 74 centavos. Ello cual resulta muy difícil de creer, puesto que operan minas nuevas - las mayores de la estatal son centenarias -, con mejores leyes, costos de extracción menores y gastos de administración asimismo inferiores. Ello se explica en parte importante porque declaran obtener catorce veces menos ingresos que CODELCO por la venta de subproductos, lo cual evidentemente resulta muy extraño puesto que los minerales de CODELCO, extendidos a lo largo de buena parte del territorio, representan una muy buena nuestra del contenido general de subproductos de los yacimientos nacionales.

La tasa de impuestos efectiva que pagan las empresas mineras en Chile es de 17 por ciento sobre sus utilidades antes de impuestos. Ello se compara muy favorablemente para las empresas, con las que ellas pagan en Australia, de donde son originarias la mayores de ella, donde según el reciente acuerdo aceptaron pagar una tasa efectiva de 40 por ciento, como se ha mencionado. Por cierto,luego de los impuestos pagados por sus empresas, sus propietarios deben pagar lo que les corresponde por impuesto a la renta. Las tasas respectivas en Chile son de un 35 por ciento parta los propietarios las mineras que exportan sus ganancias. Sin embargo, el impuesto pagado antes por las empresas es deducido íntegramente de aquellas. En Australia, en cambio, las empresas pagan un 40 por ciento y las rentas de sus dueños están afectos a tasas superiores que en Chile, con la diferencia que allá no pueden deducir de sus impuestos lo que antes pagaron sus empresas, sino en una mínima medida. En otras palabras, el 17 por ciento que pagan en chile se debe comparar con el 40 por ciento que han recién aceptado pagar en su propia casa.

Tal como CENDA lo hizo notar en una reciente carta abierta al Senador Eduardo Frei, Chile puede desde este mismo momento fijar su política soberana, sin violar acuerdos anteriores pero al mismo tiempo sin maniatarse, preso de decisiones previas que hoy parecen altamente lesivas e inconvenientes para el interés nacional. Basta para ello con que el país fije hoy la tasa definitiva que parezca conveniente. Una vez hecho esto, calcule una tasa incrementada, la que se empezará a aplicar a partir del año en que vence la invariabilidad tributaria. El valor de dicho incremento se fijará de modo que el valor presente de la tasa incrementada, pagada a partir del año en que vence la invariabilidad, sea idéntica al de la tasa deseada pagada a partir del 2010. Naturalmente, aquellas empresas que opten voluntariamente por acogerse a la nueva tasa a partir del 2010 quedarían afectas desde ya al monto deseado, sin pagar ningún incremento a partir de la fecha de expiración de la invariabilidad. Por cierto, el piso a cobrar hoy no puede ser inferior al 30 por ciento impuesto específico que aceptaron las mineras en Australia, o al 10 por ciento de royalty que pagan en la vecina Argentina.

En perspectiva, Chile puede establecer una política de recursos naturales similar a la que viene aplicando Noruega desde hace varias décadas. La misma se inspira en principios simples y concordantes con la teoría económica, tales como los que siguen:

La propiedad de los recursos naturales pertenece a la nación, la que debe percibir la totalidad de la renta asociada a los mismos, sin perjuicio que empresas privadas puedan tener acceso a ellos y obtener ganancias normales sobre su capital invertido, similares a las que obtienen empresas que operan en industrias que no se basan en recursos naturales.

El Estado reserva la mayor parte de los recursos naturales para ser explotados por empresas de su propiedad, lo que garantiza su dominio sobre las tecnologías, conocimientos, costos y mercados, de la industria respectiva.

El Estado se reserva el derecho a fijar las cuotas de producción y parámetros tecnológicos requeridos para preservar los recursos y ajustar su oferta a las condiciones del mercado mundial de modo de maximizar su renta en el largo plazo.

En base a los principios anteriores, el Estado noruego cobra por el derecho a explorar, y se reserva la mitad de los recursos encontrados; cobra por el derecho a explotar los mismos; luego establece un royalty sobre las ventas, el que varía según el precio internacional y capta la renta diferencial del país con el resto del mundo; finalmente, establece un impuesto específico sobre los márgenes operacionales, que capta la renta diferencial al interior del país; desde luego, las empresas quedan sometidas a continuación a los impuestos a la renta normales que afectan a todas las empresas en ese país, operen o no sobre recursos naturales. Adicionalmente, como se ha mencionado, fija las cuotas de producción y parámetros tecnológicos de modo de maximizar la renta en el largo plazo.

Todas las grandes mineras mundiales operan en Noruega, aceptando las condiciones referidas, con el beneficio de lograr acceso a los recursos allí existentes y obtener una rentabilidad normal sobre sus inversiones.

Gracias a esta política, Noruega ha logrado el mejor índice de desarrollo humano del mundo y ha acumulado un fondo soberano de medio billón (quinientos mil millones) de dólares. adicionalmente, la empresa del Estado, Statoil, es una empresa líder en tecnología a nivel mundial.

Parece un buen ejemplo a considerar.

Royalty al cobre

Manuel Riesco



Existe disposición del gobierno y la oposición para incrementar los cargos a las mineras privadas por la explotación de recursos que pertenecen a la nación. Ello es muy positivo y refleja el amplio consenso nacional respecto que los cargos actuales son muy insuficientes. El gobierno y sectores de la oposición han sugerido un aumento moderado de los cargos actuales, compensado con una extensión de la invariabilidad que les fue concedida anteriormente. Ello no parece conveniente, según lo han manifestado numerosos parlamentarios que sugieren en cambio abrir un debate nacional a fondo respecto del tema, que pueda conducir a una política de más largo plazo. Ellos tienen razón.

En el curso de los últimos años el mundo ha tomado conciencia de la inminente emergencia económica del mundo hasta ayer considerado subdesarrollado. Hoy representa un tercio de la economía mundial, pero alberga más del 85 por ciento de la población y la mayor parte de los recursos naturales. Ello modificado la importancia estratégica de estos últimos, dada su naturaleza evidentemente limitada.

Los principales países y empresas han iniciado una verdadera carrera para asegurar su acceso a los mismos. Más importante que el precio, que en el caso de estos recursos siempre oscilará con la demanda, lo que hoy interesa principalmente es garantizar el abastecimiento de los mismos. Ello ha mejorado considerablemente la posición negociadora de los países que los poseen en abundancia, muchos de los cuales, aún los más pequeños, han procedido a afianzar su control sobre los mismos e imponer a las empresas que los extraen condiciones que les resultan más favorables.

Los principales países han recuperado sus recursos naturales. En años recientes, uno tras otro, los países ricos en recursos naturales han introducido importantes cambios en sus políticas al respecto, destinadas a recuperar el control de los mismos. Rusia, por ejemplo, revisó todos los contratos de privatización del gobierno de Yeltsin y revirtió buena parte de ellas, especialmente cuando favorecieron a grandes transnacionales extranjeras. Sin perjuicio de ello, todas estas aceptaron continuar operando allí de una u otra manera, debido a su interés en acceder a esos recursos.

Los hitos más significativos al respecto en el último tiempo han sido la declaración por parte del gobierno de Brasil, el 2009, de su intención de explotar por si mismo las recién descubiertas depósitos de petróleo y revertir la privatización parcial de Petrobras impulsada por el gobierno de Cardoso. El Presidente Lula la calificó como la segunda independencia, utilizando la expresión del Presidente Allende.

Argentina, por su parte, impuso el 2007 un royalty de 10 por ciento a la extracción de minerales. El público chileno se vino a enterar a raíz de las declaraciones recientes del gerente de XStrata, minera que opera el yacimiento binacional El Pachón, cuyo depósito se encuentra en territorio argentino. Consultado al respecto por El Mercurio de Santiago el 15 de junio del 2010, el ejecutivo señaló que las empresas no hacen las leyes sino los proyectos, los cuales deben considerar además de los impuestos, imponderables más significativos, como el precio de los productos e insumos principales. Considerados todos estos aspectos, si resultan rentables entonces se llevan a cabo, declaró el gerente de la minera. Por si quedase alguna duda al respecto, agregó que ninguna empresa minera había modificado un ápice sus proyectos de inversión a raíz de la reciente discusión de royalties en Chile.

El gobierno de Venezuela ha renegociado los contratos con petroleras extranjeras que operan en su territorio, mejorando sucesivamente sus aportes al país. Los gobiernos de Bolivia y Ecuador tomaron control de sus yacimientos de hidrocarburos e impusieron mejores condiciones a las empresas que los operan. En todos estos casos, todas las empresas extranjeras permanecieron, aceptando las nuevas condiciones.

Más recientemente, Australia impuso cobros muy significativos a su industria extractiva, que ya pagaba cargos considerables por los recursos. El gobierno de ese país decidió generalizar a todos los recursos del subsuelo el impuesto específico que ya pagan las empresas petroleras, que es de 40 por ciento sobre todas las utilidades que exceden un 6 por ciento de ganancias sobre el capital invertido, que se estima constituye una ganancia normal. Con dicho cobro, la tasa de impuestos efectiva sobre las utilidades de las mineras habría alcanzado a 58 por ciento, según cálculos de las mismas mineras.

Sin embargo, las empresas afectadas, que son las mismas que operan en Chile, llevaron a cabo una feroz campaña que culminó en pocas semanas con la caída del Primer Ministro que había tomado esta determinación. Su sucesora alcanzó rápidamente un acuerdo con las mineras, en virtud del cual el impuesto específico se rebajó a 30 por ciento de las utilidades que excedieran un 12 por ciento de ganancias sobre el capital invertido, con lo cual la tasa de impuestos efectiva quedó finalmente en 40 por ciento de las utilidades antes de impuestos.

Chile, en cambio, mantiene una política que no resguarda sus recursos, fomentando su traspaso a manos privadas, con el agravante que no cobra por su explotación, o lo hace de modo muy insuficiente. En el caso de los recursos del subsuelo, a pesar que la constitución mantiene la cláusula la propiedad inalienable e intransferible de los mismos aprobada unánimemente en la nacionalización de 1971, acto seguido establece desde 1981 la concesión de los mismos con garantías que exceden las del derecho de propiedad común y corriente. La mantención de esta cláusula impuesta por la dictadura ha sido el error más grave de los gobiernos democráticos y la misma debe ser derogada puesto que atenta gravemente contra el interés nacional y reemplazada por una política moderna, aprobada por un parlamento democrático.

El resultado de las políticas anteriores es que en el curso de las últimas dos décadas, gran parte de los recursos minerales han sido entregados en concesión plena a un reducido grupo de grandes empresas, casi todas extranjeras, que hoy producen dos tercios del cobre y subproductos de la gran minería, mientras CODELCO ha visto reducida su participación, de más de un 90 por ciento de la producción total en 1989, a menos de un 30 por ciento hoy.

De acuerdo a sus propios balances, las utilidades antes de impuestos, intereses, amortizaciones y depreciación - usualmente conocidas por sus siglas en inglés EBITDA - de las mineras privadas sumaron 76.820 millones de dólares en los últimos cinco años, con un promedio anual de más de 15.364 millones de dólares por año. Ello equivale a alrededor de la mitad del presupuesto del Estado en los años respectivos. En otras palabras, Chile financia un Estado y medio, siendo el segundo las rentas mineras que transfiere a estas empresas. Resulta a todas luces inconveniente que unas pocas empresas - la mayor parte está en manos de menos de diez empresas y el grueso lo controlan tres de ellas - se apropian de recursos que pertenecen a la nación y que alcanzan el mismo orden de magnitud que los que maneja el propio Estado. Se ha visto recientemente como las principales de ellas derribaron en pocas semanas al Primer Ministro de Australia, país de origen de las mayores. No resulta difícil imaginar la influencia política que han alcanzado asimismo en Chile.

Prácticamente todas la ganancias señalada corresponde a renta del recurso, puesto que equivalen a un 77 por ciento del precio del cobre, en promedio durante el período señalado. En otras palabras, de cada 100 dólares vendidos en cobre a lo largo de los últimos cinco años, 77 fueron ganancias. En algunos años de precios elevados, dichas ganancias alcanzan a 90 dólares por cada 100 dólares de cobre vendido. Es decir, el precio del metal no guarda absolutamente ninguna relación con su costo de extracción, que en Chile resulta prácticamente gratis. Ello se explica principalmente porque la venta de los subproductos pagan la mayor parte de los costos. Como señalo acertadamente un editorial reciente del diario británico Financial Times, publicado en apoyo de la intención Australiana de cobrar por los recursos, ésta es precisamente la característica que distingue a los recursos naturales, cuya economía se asemeja según el diario británico a la de los buscadores de tesoros: una vez que se extraen, su precio no guarda relación alguna con sus costos de producción, como ocurre con todos los bienes industriales normales. Por lo mismo, en esos casos, las ganancias tienen relación directa con la mayor o menor eficiencia de las empresas productoras. En el caso de los recursos naturales, en cambio, el precio depende exclusivamente de lo que la demanda esté dispuesta a pagar por los tesoros extraídos, los que son susceptibles de apropiación. Por este motivo, concluye el diario británico, los Estados donde se encuentran los tesoros tienen todo el derecho a quedarse con buena parte de su precio.

Llama profundamente la atención que las ganancias por tonelada de cobre producido resultan superiores en el caso de CODELCO que en las mineras privadas. La estatal obtiene ganancias de 77 centavos por cada dólar de cobre vendido, mientras la privadas declaran obtener solo 74 centavos. Ello cual resulta muy difícil de creer, puesto que operan minas nuevas - las mayores de la estatal son centenarias -, con mejores leyes, costos de extracción menores y gastos de administración asimismo inferiores. Ello se explica en parte importante porque declaran obtener catorce veces menos ingresos que CODELCO por la venta de subproductos, lo cual evidentemente resulta muy extraño puesto que los minerales de CODELCO, extendidos a lo largo de buena parte del territorio, representan una muy buena nuestra del contenido general de subproductos de los yacimientos nacionales.

La tasa de impuestos efectiva que pagan las empresas mineras en Chile es de 17 por ciento sobre sus utilidades antes de impuestos. Ello se compara muy favorablemente para las empresas, con las que ellas pagan en Australia, de donde son originarias la mayores de ella, donde según el reciente acuerdo aceptaron pagar una tasa efectiva de 40 por ciento, como se ha mencionado. Por cierto,luego de los impuestos pagados por sus empresas, sus propietarios deben pagar lo que les corresponde por impuesto a la renta. Las tasas respectivas en Chile son de un 35 por ciento parta los propietarios las mineras que exportan sus ganancias. Sin embargo, el impuesto pagado antes por las empresas es deducido íntegramente de aquellas. En Australia, en cambio, las empresas pagan un 40 por ciento y las rentas de sus dueños están afectos a tasas superiores que en Chile, con la diferencia que allá no pueden deducir de sus impuestos lo que antes pagaron sus empresas, sino en una mínima medida. En otras palabras, el 17 por ciento que pagan en chile se debe comparar con el 40 por ciento que han recién aceptado pagar en su propia casa.

Tal como CENDA lo hizo notar en una reciente carta abierta al Senador Eduardo Frei, Chile puede desde este mismo momento fijar su política soberana, sin violar acuerdos anteriores pero al mismo tiempo sin maniatarse, preso de decisiones previas que hoy parecen altamente lesivas e inconvenientes para el interés nacional. Basta para ello con que el país fije hoy la tasa definitiva que parezca conveniente. Una vez hecho esto, calcule una tasa incrementada, la que se empezará a aplicar a partir del año en que vence la invariabilidad tributaria. El valor de dicho incremento se fijará de modo que el valor presente de la tasa incrementada, pagada a partir del año en que vence la invariabilidad, sea idéntica al de la tasa deseada pagada a partir del 2010. Naturalmente, aquellas empresas que opten voluntariamente por acogerse a la nueva tasa a partir del 2010 quedarían afectas desde ya al monto deseado, sin pagar ningún incremento a partir de la fecha de expiración de la invariabilidad. Por cierto, el piso a cobrar hoy no puede ser inferior al 30 por ciento impuesto específico que aceptaron las mineras en Australia, o al 10 por ciento de royalty que pagan en la vecina Argentina.

En perspectiva, Chile puede establecer una política de recursos naturales similar a la que viene aplicando Noruega desde hace varias décadas. La misma se inspira en principios simples y concordantes con la teoría económica, tales como los que siguen:

La propiedad de los recursos naturales pertenece a la nación, la que debe percibir la totalidad de la renta asociada a los mismos, sin perjuicio que empresas privadas puedan tener acceso a ellos y obtener ganancias normales sobre su capital invertido, similares a las que obtienen empresas que operan en industrias que no se basan en recursos naturales.

El Estado reserva la mayor parte de los recursos naturales para ser explotados por empresas de su propiedad, lo que garantiza su dominio sobre las tecnologías, conocimientos, costos y mercados, de la industria respectiva.

El Estado se reserva el derecho a fijar las cuotas de producción y parámetros tecnológicos requeridos para preservar los recursos y ajustar su oferta a las condiciones del mercado mundial de modo de maximizar su renta en el largo plazo.

En base a los principios anteriores, el Estado noruego cobra por el derecho a explorar, y se reserva la mitad de los recursos encontrados; cobra por el derecho a explotar los mismos; luego establece un royalty sobre las ventas, el que varía según el precio internacional y capta la renta diferencial del país con el resto del mundo; finalmente, establece un impuesto específico sobre los márgenes operacionales, que capta la renta diferencial al interior del país; desde luego, las empresas quedan sometidas a continuación a los impuestos a la renta normales que afectan a todas las empresas en ese país, operen o no sobre recursos naturales. Adicionalmente, como se ha mencionado, fija las cuotas de producción y parámetros tecnológicos de modo de maximizar la renta en el largo plazo.

Todas las grandes mineras mundiales operan en Noruega, aceptando las condiciones referidas, con el beneficio de lograr acceso a los recursos allí existentes y obtener una rentabilidad normal sobre sus inversiones.

Gracias a esta política, Noruega ha logrado el mejor índice de desarrollo humano del mundo y ha acumulado un fondo soberano de medio billón (quinientos mil millones) de dólares. adicionalmente, la empresa del Estado, Statoil, es una empresa líder en tecnología a nivel mundial.

Parece un buen ejemplo a considerar.

La CASEN en las comunas y el espejismo de los promedios

Julio Berdegué
Doctor en Ciencias Sociales e investigador de Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

Al fin Mideplan entregó la base de datos de la encuesta CASEN 2009, y en los próximos días habrá seguramente una avalancha de de detallados análisis. Es de esperar también que aparezcan los análisis y las propuestas que coloquen el eje del debate en torno a la pregunta de “qué hacer” en vez de “quién tiene la culpa.”
La encuesta CASEN 2009 tiene información pormenorizada de 335 comunas. Es decir, casi el 100% de las comunas del país. Estas comunas llamadas “auto-representadas” en el lenguaje técnico de la encuesta tienen un total de 2,5 millones de personas pobres y 634 mil indigentes. Es decir, más del 99% de los respectivos totales nacionales. Es aleccionador mirar qué pasó con la pobreza a escala de las comunas, porque los promedios nacionales, que es lo que el gobierno ha estado enfatizado, engloban realidades muy diversas. Vamos viendo.
¿Por qué no hacer un Pacto Bicentenario con estas comunas que concentran tan alto porcentaje de pobreza e indigencia? Un compromiso que incluya algo más que subsidios sociales, claro está.
En 85 comunas aumentó la pobreza en cinco puntos porcentuales o más, es decir, mucho más que la media nacional. Se trata de un grupo diverso, con comunas rurales remotas como Putre, pero también otras urbanas y ligadas a economías regionales bastante dinámicas, como Curicó. Entre el 2006 y el 2009, en estas comunas el número de pobres aumentó en 422 mil personas. ¿Por qué estas 85 comunas fueron especialmente vulnerables a la crisis económica y por qué aquí fueron menos eficaces las políticas sociales?
En contraste, hay 138 comunas que redujeron pobreza durante los años de la crisis. En estos lugares, 195 mil personas salieron de la pobreza durante el periodo 2006 – 2009. De nuevo, se trata de un grupo heterogéneo que incluye lugares tan diferentes entre sí como Yerbas Buenas, Alto Hospicio y La Reina. ¿Qué hicieron bien? ¿Qué tanto se debe a que pudieron mantener sus empleos y salarios en medio de la crisis, y qué tanto aportó una política social mejor gestionada localmente o con mayores efectos multiplicadores?
En todo caso, por cada comuna en que aumentó con fuerza la pobreza en los últimos tres años, hay casi dos comunas que redujeron pobreza. Hay algo aquí que mirar porque seguramente podemos aprender mucho de estas dos dinámicas contrastantes. La respuesta no es tan fácil como echarle la culpa a la crisis o a la política social, sino que hay que mirar las capacidades territoriales para navegar en las aguas de las crisis (o de las bonanzas), y para aprovechar al máximo las oportunidades y recursos de las políticas sociales. Sí, lo que hace el Ministro de Mideplan es importante, pero al parecer es tanto o más importante lo que hacen las sociedades locales.
La mitad de los pobres e indigentes del país se concentran en apenas 35 y 34 comunas, respectivamente. Al cruzar ambas realidades alcanzamos las 40 comunas. Es decir, el 50% de las personas pobres e indigentes en poco más del 10% de las comunas del país.
Diez de estas comunas – Coronel, Curicó, La Granja, La Pintana, Linares, Los Ángeles, Ovalle, Padre Las Casas, Temuco y Valparaíso – tienen una doble condición: la de contar con muchos pobres y además tener a un alto porcentaje de su población con condición de pobreza. En su conjunto albergan a 400 mil pobres, el 15% del total nacional. Estas comunas doblemente afectadas por la pobreza requerirán lineamientos especiales de intervención para mejorar el bienestar de su población.
Esta concentración territorial de la pobreza es una oportunidad. ¿Por qué no hacer un Pacto Bicentenario con estas comunas que concentran tan alto porcentaje de pobreza e indigencia? Un compromiso que incluya algo más que subsidios sociales, claro está. Porque se trataría más bien de un esfuerzo integral que contenga programas de fomento a las micro y pequeñas empresas, estímulos a la creación de empleo, iniciativas especiales en materia de infraestructura, de cultura, de oportunidades para las mujeres y jóvenes; de ampliación de áreas verdes y descontaminación ambiental. Un Pacto cuyo objetivo sea la cohesión social, el bienestar en un sentido más pleno que la reducción de la pobreza monetaria a punta de subsidios
Las 40 comunas con mayor porcentaje de pobreza apenas concentran al 13% del total de los pobres del país. Son lugares con poca población, aunque muchos de sus habitantes sean pobres. Entre éstas hay muchas con un alto porcentaje de población indígena como las de Alto Bío Bío, Angol, Cholchol, Toltén, Ercilla, Lumaco, Santa Bárbara, Collipulli, Curacautín y Carahue. Aquí no habrá reducción de pobreza si la estrategia no explicita el carácter étnico del problema.
En fin, el llamado es a salirnos de los promedios nacionales que nos conducen a malos diagnósticos y a falsos debates. Y los que es peor, a respuestas inadecuadas para ampliar las oportunidades de los pobres.

“¿Qué hacer?”, según Daniel Cohn-Bendit

Hernán Dinamarca
Es periodista y ensayista. Doctorando en Comunicaciones - Universidad de Málaga. Reside en Heidelberg, Alemania.
http://www.hernandinamarca.cl/
Otra vez Cohn-Bendit provoca y seduce a Europa. Este año el eurodiputado recorrió algunas ciudades de la Unión agitando su nuevo libro: ¿Qué Hacer? (y no es casual que el título sea una replica de la pragmática pregunta en la incendiaria obra de Lenin). Se trata, dice el subtítulo, de un “Pequeño tratado de imaginación política” para ciudadanos europeos.(1) (Agregaría, y por eso mi afán en compartirlo, que lo es para los ciudadanos del mundo).
Tres grandes temas cruzan la obra. Primero, Cohn-Bendit (C-B) nos invita asumir con urgencia un cambio que es mayor y a la vez un desafío planetario: la transformación del actual modo de producción y consumo, de los fundamentos mismos de la economía, y de su forma de convivencia asociada. La sociedad moderna –ya antigua- se construyó anclada firmemente en la creencia de operar en una suerte de fondo natural eterno; dogma que ya casi nos tiene al borde de la destrucción ambiental, lo humano incluido.
Dos, en el marco de la sociedad planetaria, nos invita a profundizar en la construcción de sociedades multiculturales, cuya convivencia se funda en el respeto al otro diferente. “Hoy día las cuestiones relacionadas con el multiculturalismo conforman el núcleo de la definición de convivencia en las sociedad europeas” (y no europeas, agregaría, pues en Chile mismo tenemos nuestros propios desafíos, con los habitantes originarios y con los inmigrantes). Para C-B el “multicultaralismo es una sociedad compuesta de diversas culturas, que pemite la multiplicidad de identidades culturales de cada uno, porque todos formamos partes de varias culturas, y que se esfuerza por darles visibilidad y por fomentar la comprensión mutua”.
Y tres, declara C-B, “escribo este libro porque tengo la convicción que podemos cambiar las cosas y que (en nuestro caso) Europa es la escala adecuada.” Esta dimensión de su reflexión se encuentra muy en línea con “El Sueño Europeo” del ensayista norteamericano Jeremy Rifkin en su obra homónima. Para C-B y Rifkin la Unión en construcción aparece como el crisol donde se une el pasado orgánico, que construyó a la modernidad, con un presente que, por devenir de su propio pasado, es hoy capaz de criticar y superar a la modernidad como histórico modo de vida. En el proceso de deconstrucción de lo antiguo se estaría simultáneamente sentando las bases de un nuevo modo de vida, el que sólo será “posible (cotidianamente) soñando lo imposible”. Si, la propia imagen insigne de mayo del 68, cuando C-B inicio su deriva político libertaria, hoy subyace en su convicción europeísta.
Es que la mirada y la escritura del eurodiputado deviene de su propia vida. De padres alemanes, nació en 1945 en Francia. Se considera asimismo franco-alemán y ciudadano de Europa. Fue el líder universitario más visible del mayo francés del 68, “Danny el Rojo”. Más tarde mutó a “Danny el Verde”, políticamente clave en el ecologismo paneuropeo. Sin soslayar a “Danny el Lila”, por su activo rol en la gestión de políticas públicas multiculturales durante varios años en la Alcaldía de Frankfurt, Alemania. Más allá de compartir o no sus planteamientos, es innegable la coherencia de su vida, pues los colores de su “paleta vital” (el rojo de la equidad social, el verde de la ecología y el lila del respeto a la diversidad de toda laya), se han ido complementando en su quehacer como actor político. Cuando se le pregunta, lo que suele ocurrir, ¿si continúa fiel al revolucionario de su juventud o bien hoy es un reformista realista y moderado?, él responde: “Soy ambas cosas, porque fundamentalmente (siempre he sido) un demócrata. Tengo el anti-totalitarismo pegado al cuerpo… creo que se tiene que discutir sin descanso para convencer. Eso es el reformismo. No es el compromiso a media, sino la firmeza de las convicciones, pero acompañada de la certeza que estas no valen nada si no son compartidas”.
Hoy confluyen varias crisis (financiera, económica, ecológica, social, politica e ideológica) que “tienen ritmos y escalas temporales muy distintas entre si: de lo más puntual y espectacular (el derrumbamiento de las acciones de General Motors) a lo más gradual, el calentamiento gobal.
A finales de los 90, C-B se entusiasmaba con el 10% de apoyo a lo verdes en las elecciones de la Unión Europea, con máximos de 15 y 20% en los centros urbanos. Y esta influencia, él lo sabe, más allá de los guarismos coyunturales, no ha sido efímera. Los programas ecologistas, con más o menos consistencia, han sido asumidos por izquierdas y derechas tradicionales, siendo muchas de sus banderas del ayer, actuales políticas de Estado en Europa (una vez más, “imaginación de ayer, evidencia de hoy”, otra consigna sesentera). Por esos años, en el “Manifiesto Por Una Tercera Izquierda Verde (TIV)” (2) C-B escribía: “aferrada al corazón de la izquierda, La TIV no está ni a la izquierda de la izquierda ni a la derecha de la izquierda. Simplemente está adelante, es su ala innovadora y desoxidante. La genealogia de la TIV es larga. Aunque fuimos durante largo tiempo los únicos que mantuvimos la lucha medio-ambiental, es claro que para nosotros esta no es la única lucha”. Tal vez por eso ahora en “Qué Hacer” aborda de todo, aunque en estas líneas sólo trataremos la urgente interpelación económica que nos hace en su obra.
El mundo cambió: el turno de la imaginación
C-B, como tantos, piensa que actualmente vivimos una mutación de época histórica. En ese marco, inicia su reflexión relevando la inédita coincidencia de crisis en nuestro presente como Historia. Hoy confluyen varias crisis (financiera, económica, ecológica, social, politica e ideológica) que “tienen ritmos y escalas temporales muy distintas entre si: de lo más puntual y espectacular (el derrumbamiento de las acciones de General Motors) a lo más gradual, el calentamiento gobal… pero su conjunción es temible, porque se amplifican mutuamente.”
Citando a Alain Lipietz, nos sitúa en la primera crisis socio-ecológica global de la modernidad, “resultado de un capitalismo productivista, depredador de recursos naturales –renovables o no- desde hace más de dos siglos. Desorden climático, rarefacción de los recursos naturales y disminución de la biodiversidad, he aquí los tres componente principales de la crisis ecológica”. Y cuando C-B escribe capitalismo, no implica que el actual sistema chino, así como en su tiempo el socialismo real, no comparta la misma lógica productivista y depredadora que ha sido el patrón común a la modernidad.
Hoy sabemos que los efectos de la crisis ecológica en la vida social y económica son enormes y podrían ser devastadores. Según la ONU, próximamente aumentará a decenas de millones el número de refugiados climáticos, en especial por la desaparición de territorios y la escasez de agua. “El informe Stern de 2006 estimó que si los políticos no reaccionan, los costos del cambio climático supondrán perdidas entre el 5% y el 20% del PIB mundial, mientras que el costo de una acción inmediata representaría solamente un 1% por ciento anual… en comparación con esta perspectiva la reciente crisis de los subprime resulta prácticamente anécdotica”. De ahí entonces que la reducción masiva de la emisión de CO2 es urgente. Afortunadamente, “los Estados Unidos de Obama se han convencido de ello… e incluso responsables chinos vinieron a ver a los verdes al Parlamento europeo y nos dijeron “Os necesitamos”. Ya han fijado el objetivo de 0 % de emisiones en autos importados o fabricados en China para el 2012 o 2015.”
Hay sin duda irracionalidad en una suerte de “metabolismo económico imparable” que lleva a la destrucción. “El sistema económico actual sobreconsume los Recursos Naturales… (de tal manera) que si el modo de vida américano se extendiera al conjunto de la población mundial harían falta los recursos de cinco planetas para sostener el crecimiento chino actual”. Continuar con la lógica del sistema económico moderno es un absurdo si consideramos otro consenso entre los estudiosos de la deriva de la Tierra, que actualmente vivimos la sexta extinción masiva de especies, esto es, una disminución acelerada de la biodiversidad. Aunque, y no es trivial recordarlo, la actual es la primera extinción causada por la acción de otra especie, la humana. Guste o no a los respectivos estados-naciones soberanos, en el mundo planetario e interrelacionado, es también urgente detener la destrucción del amazonas y de los bosques de Indonesia (explotación, dicése en lenguaje moderno), ya que estos procesos en curso “suponen una amenaza grave de transformación irreversible de nuestro ecosistema”.
El profundo nexo entre la lógica productivista y de sobreconsumo y la crisis ecológica, lleva a C-B a afirmar que lo que estamos viviendo en los últimos años “no es una mera crisis financiera y económica, aquí esta en crisis todo un modelo de desarrollo y de un tipo de compromiso social…”. Esta en crisis el modo de vida moderno. “… la actual crisis, singular e inédita, supone el fin de los modelos fordista y productivista”, ya sea liberal o neoliberal. Hoy, según C-B, no se trata simplemente de optar entre la economía social de mercado o la economía mercantil de mercado, pues ambas comparten la lógica económica que hay que subvertir (aunque él valora el hecho que la primera contenía un foco social equitativo digno de mantener). Hoy debemos romper con los dogmas neoliberales y también con las hipotesis que sostenían el compromiso fordista: la gratuidad y el carácter inagotable de los recursos energéticos y naturales y la lógica colectiva y anónima de la sociedad de masas (con trabajadores-hormigas, endeudados con tarjetas y sobreconsumiendo).
Sin duda, la cuestión crucial del presente es tener planes de acción, pero no cualquier plan: “se trata de pasar de planes de recuperación ante la crisis económica a planes de transformacion, en el corto, mediano y largo plazo, de nuestro modo de producción, de nuestra manera de valorar el crecimiento, de pensar los vinculos entre economía y sociedad.”
C-B, página tras página y con variados argumentos, enumera las acciones: modificar nuestro modo de consumo y de producción, favoreciendo lo sostenible frente a lo irresponsable, lo duradero frente a lo desechable, lo reciclable frente al almacenaje de residuos, la calidad frente a la cantidad; hay que terminar con lo que los economista llaman externalización, que es excluir los costos ambientales y sociales, tanto en el anacrónico y dogmático análisis costo-oportunidad como en el cálculo del PIB; hay que incentivar con políticas públicas la innovación tecnológica hacia lo sustentable, en la arquitectura y en la construcción; hay que incentivar energías sustentables; también es necesario renovar el pacto social por la equidad, ya que es imposible imaginar una verdadera ecología política sin una reduccion sensible de las desigualdades; hay que efectuar inversiones masivas en educación e investigación hacia la sustentabilidad, así como en la formación y reconversión social para una reorientación económica de este calibre. Todo esto y más “es la orientación que debe tomar lo que llaman el Green Deal, una reactivación económica incluso mayor al New Deal roseelveltiano que permitió salir de la Gran Depresión del 29… (Y) todos estos cambios deben obedecer a un imperativo incondicional: salvaguardar el carácter habitable de nuestra biosfera. No se trata solamente de conciliar la antigua visión económica con nuevos comportamientos extra-económicos. Conservar la misma economía industrial productivista y hacer ecología cosmética no servirá de nada”.
De una manera u otra, en Europa hacen sentido las interpelaciones de C-B. De hecho, más allá de sus contradicciones e incosistencias, la sociedad europea se encuentra viviendo en esa mudanza de modo de vida. Hay una robusta economía verde en expansión, hay metas cercanas para una reconversión energética radical, hay reciclaje y nuevos hábitos de consumo, se discute la equidad social con otros tópicos, hay innovación tecnológica sustentable, y así.
En ese contexto, resultan novedosas algunas sugerencias prácticas de C-B. Por ejemplo, en lo tributario propone “un nuevo impuesto inteligente (acorde a la emergente Sociedad Polen, cuyo foco son las actividades en red) que debería gravar la circulación y no el consumo… La nueva tasa sería inteligente porque “los impuestos actuales, sólo orientados al consumo material o a la producción material, desatienden completamente la riqueza inmaterial, que es hoy cada vez más relevante… actualmente en Francia los negocios más lucrativos son los bancos y la gran distribución, dos sectores en los que no se paga TVA (IVA Francés), una tasa lucrativa para el Estado, pero injusta y particularmente anti-redistributiva, y que sobre todo no capta una parte sustancial de la actividad económica. Lo ideal sería gravar todas las transacciones, incluso las más insignificantes, como sacar dinero de un cajero automático. Si de cada transacción se retuviera digamos un 0,01%, ya fuese hecha en un cajero autómatico o en una cuenta bursatil, los fondos serían suficientes para garantizar el presupuesto de todo el Estado Francés.” Interesante de discutir, sin duda, pese a lo árido del tema y las aristas que tiene el cómo definir qué se hace con el IVA tradicional y cómo se asigna o se distribuye entre le entidad Banco y el usuario, por ejemplo, el nuevo tributo a las redes de distribución y circulación.
En otra cuerda, pero igual de gráfico, es cuando C-B simboliza el cambio de mundo y la actual confluencia de crisis (del desplome de GM al cambio climático) con lo que esta ocurriendo en la industria automovilistica. El auto fue un hito de la revolución industrial y emblema de la modernidad económica (ingenio tecnológico y motor de la economía), de la modernidad social (baluarte de la democratización, clave en la empleabilidad y símbolo de ascenso social) y de la modernidad cultural (revolucionó el desplazamiento, la autonomía, el ocio y el turismo). Pues bien, esa industria hoy vive una crisis que “se resume así: es necesario articular los tres menos: menos automoviles, menos consumo de energía y menos contaminación, con los tres más: más transportes colectivos y ferroviarios, más distribución energética y más calidad de vida”. Obviamente que C-B no promueve la desaparición de los autos, sino una transformación de la industria hacia la sustentabilidad y un uso humano más mesurado. Así como es conciente que el desafío de la industria no sólo implica innovación tecnológica ambiental, sino también una compleja reconversión social, por eso, con optimismo él destaca “la reciente reconversión de la fabrica Blanquefort de la empresa Ford, en Gironde, Francia, en una fábrica de piezas para el sector eólico, lo que desmuestra que la reconversión es posible.”
En fin, C-B sabe que el cambio está ocurriendo. Con esperanza afirma que “la única virtud de una crisis es que para salir de ella hay que pensar de manera distinta: es preciso quebrar y superar los dogmas que se nos han impuesto como leyes naturales inamovibles”. Tal vez en esta tesitura radica el tono de un “Qué Hacer” que invita a la imaginación y a la acción política.
1) El libro “Qué hacer” esta disponible desde mayo de este año en español en la editorial RBA. Cohn – Bendit también ha escrito “La Rebelión del 68”, 2008; “La revolución y nosotros que la quisimos tanto”, 1998; “Ciudadanos de Babel”, 1996; “De la ecología a la autonomía”, 1982; y “El Gran Bazar”, 1976.
2) En Chile este manifiesto fue publicado el año 2000 en la revista Plaza Pública Nº 9.

La cuestión social en Chile

El drama de los mineros atrapados en una mina en la III Región y cuyo rescate mantiene en vilo a todo el país, ha hecho aparecer, una vez más en la historia nacional, el fantasma de la llamada cuestión social.
Tal como ocurrió a las puertas del Primer Centenario, la acumulación de tensiones provenientes de la brecha de la desigualdad hace emerger, aunque todavía de manera incipiente, condiciones sociales para una reacción insidiosa y desestabilizadora de la paz social.
Lo de Atacama es un punto más en una cadena de situaciones que se han producido también en otros ámbitos durante toda la última década. Precariedad de vivienda y marginalidad en los centros urbanos; desvalorización de la educación como mecanismo de equilibrio y movilidad social; indefensión frente a las empresas en materia de servicios públicos básicos; inestabilidad en los mercados laborales; creciente violencia urbana juvenil; abandono de la tercera edad. Al mismo tiempo que el país experimentaba, de manera sostenida, el período más largo y de mayor crecimiento económico en su historia.
Muchos efectos de estos problemas han sido mitigados, retardados o, incluso, contenidos, por las políticas aplicadas. Pero en lo esencial, como el centro de la atención privilegió los equilibrios macroeconómicos y el crecimiento, los residuos de la desigualdad han ido corroyendo de manera larvada todo el tejido social.
Tal como los libros de historia nacional describen como se produjo la cuestión social entre 1890 y 1910, hoy parece reeditarse en el Chile del Segundo Centenario. Un choque brutal entre un crecimiento económico que genera grandes fortunas, y que permiten al Estado desarrollar una vasta red de obras públicas y un país con una apariencia de modernidad sustentable, mientras una parte importante de la población no recibe los beneficios del progreso económico y retrocede a niveles graves de precariedad y desprotección social. Sin un Estado que cumpla adecuadamente su papel social de garante de la equidad y el bien común.
El economista Patricio Meller, en un lúcido, y poco leído, artículo publicado en la revista Perspectivas del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, (octubre de 1999), plantea que el tema ha estado presente en el debate chileno desde el siglo XIX. Y cita en la introducción algunos párrafos de Valentín Letelier, de perfecta actualidad: “qué es lo que necesitan los grandes para explotar a los chicos, los fuertes a los débiles, los empresarios a los obreros, los hacendados a los inquilinos, los ricos a los pobres? Sólo una cosa: libertad, o sea la garantía de que el Estado no intervendrá en la lucha por la existencia para alterar el resultado final en favor de los desvalidos. Eso es lo que el sistema de libre mercado da a los más poderosos” “¿Y cómo ayudar a los más desvalidos a mejorar su situación? Se requiere de la protección del Estado para que posibilite la igualdad de oportunidades en un mundo de desiguales: “no hay desigualdad mayor que la de aplicar un mismo derecho a los que de hecho son desiguales”. “la política no es el arte de establecer un sistema de libre mercado; es el arte de satisfacer necesidades sociales”
El juicio de Valentín Letelier, de 1896, declaradamente laico y progresista, interpela a la elite gobernante de la época.
Hubo también una llamada de atención proveniente del mundo conservador y religioso. La Iglesia Católica con la Encíclica Rerum Novarum (De las cosas nuevas) en 1891, se refiere por primera vez a las condiciones y problemas de las clases trabajadoras. Esa posición aún tibia posteriormente iría evolucionando hacia una doctrina social de la Iglesia Católica.
En la actualidad hemos visto diferentes planteamientos y debates sobre salario ético, protección social, ingreso ético familiar, motivados por movilizaciones sociales fuertes, que demuestran, al menos aparentemente, que las elites estarían sensibilizadas para generar un freno al deterioro. Pero en la práctica no se avanza mucho.
Es evidente que la situación actual no es solo producto de la ambición económica de empresarios inescrupulosos o de un capitalismo desbordado. Como tampoco la existencia de un Estado precario, sin capacidad de generar condiciones de equilibrio y controlar los desbordes de legalidad, es culpa de la Dictadura militar de los años 70 y 80 del siglo pasado.
Si bien ellos son datos fuertes del escenario, nada excusa la falta de voluntad de la Concertación, durante veinte años, para introducir controles de calidad y legalidad en las políticas, dependientes solo de sus facultades administrativas. Especialmente en materia de vivienda y barrios, en los mercados laborales, o en el control regulatorio de los servicios básicos.
Cuando durante el Gobierno de Ricardo Lagos se generó una presión empresarial por lo que se denominó excesos de control de la Dirección del Trabajo, dirigida entonces por la socialista María Ester Feres, fue un ministro de su mismo partido, Ricardo Solari, quien tuvo una ambigua actitud en el tema y estuvo de acuerdo con su remoción.
Los excesos de control eran acciones orientadas, precisamente, a controlar situaciones como las que hoy lamentamos en la mina de Atacama.
Resulta preocupante que ante los síntomas que se perciben de emergencia de una cuestión social nuevamente en el país, la elite política se muestre poco perspicaz e incapaz de asumir responsabilidades compartidas en el hecho y se oriente, de manera ciega, a una política orientada por el síndrome del enemigo
Sería lamentable además que, como corolario del Segundo Centenario, el paradigma de la cooperación público privada lucido con orgullo como base del crecimiento económico del país, terminara en una muestra de que el mercado no solo es cruel, como dijo un Presidente de la Concertación, sino que si va acompañado de un lucro sin control, termina desintegrando la sociedad

Por qué Chile es el décimo país más desigual de La Tierra

Andrés Figueroa
Cuando tenga un millón,

cuando seamos ricos /

Me compraré zapatos,

Te compraré un vestido /

Te llevaré al paseo,

donde pasan los gringos /

y compraré una caja

entera de cigarrillos
David Turkeltaub


Los resultados de la encuesta Casen confirmaron dramáticamente las inequidades sociales que reinan en el país; cómo la crisis económica la pagan los pobres; la bancarrota de las políticas públicas, y la falsa relación entre crecimiento y equidad.

Como el mundo actual está muy lejos de ser el mejor de los posibles, la mitad de la población planetaria (alrededor de 3 mil millones de personas) sobrevive con menos de dos dólares diarios (1.060 pesos); y mil 200 millones, lo hacen con menos de un dólar (530 pesos).

Hace décadas que la humanidad está en condiciones de alimentarse adecuadamente. Sin embargo, 30 mil personas, niños y adultos, mueren de hambre o de enfermedades curables al día. En las regiones más pobres de La Tierra , fallecen 500 mil mujeres al año durante la gestación, y en el mismo lapso, 9 millones de niños sucumben antes de cumplir los cinco años.

51 de las 100 entidades económicas más poderosas del globo son corporaciones multinacionales; las 49 restantes son Estados. Asimismo, los intereses estratégicos de las transnacionales y los Estados están entramados sanguíneamente. En el mismo sentido, apenas 100 individuos concentran tanto dinero como la mitad del orbe. De acuerdo a un estudio de la Organización de las Naciones Unidas, hoy el 1 % más rico posee el 40 % de la riqueza del mundo, en tanto el 10 % concentra el 85 %.

Conforme a una investigación realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre 52 naciones del mundo, de las 15 más inequitativas socialmente, 10 están en Latinoamérica, y Chile es el quinto país más desigual, luego de Brasil, Ecuador, Haití y Bolivia. El método que se emplea está ligado al indicador que resulta del coeficiente Gini, un número que se mueve entre 0 y 1, donde 0 es la igualdad perfecta y 1, lo contrario. Chile ostenta un 0,55, la misma cifra que reveló la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2009, y eso que el PNUD empleó datos de hace 5 y 10 años atrás.

PRIMERO AUMENTARON LOS POBRES

Hace casi un mes, la estatal encuesta Casen 2009 (que no considera los efectos del terremoto de febrero de 2010), señaló que la pobreza en Chile habría aumentado de un 13,7 a un 15,1 %, entre 2006 y 2009. Sin embargo, esos porcentajes se basan sobre una canasta que corresponde a 1987, es decir, a hábitos de consumo de más de 20 años atrás. Tan grosero es el fraude de las cifras de Piñera –cuyo método también empleó convenientemente la Concertación- que Felipe Larraín el 2007, cuando todavía no pensaba ser ministro de Hacienda, refutó los números de la miseria del gobierno de Bachelet. En la ocasión, frente al supuesto 13,9 % de pobreza que anunció triunfalmente la ex mandataria, Larraín hace tres años afirmó que el porcentaje en realidad bordeaba el 30 % (más de 4 millones de personas bajo la manipulada “línea de la pobreza”). Empero, ahora que Felipe Larraín es autoridad, cierra la boca, mientras su jefe ocupa la misma metodología caduca que usó la Concertación.

Ahora bien, tanto si se utiliza la metodología norteamericana, como la europea, la llamada “línea de la pobreza” se amplifica entre un 40 a un 60 %. Y de acuerdo a una investigación realizada por el economista Marcel Claude, sobre la base de una canasta más realista que la utilizada por la Casen , la pobreza en el país llega al 90 % de la gente.

EL TURNO DE LA INEQUIDAD ABISMAL

El lunes 27 de julio, como si fuera un dato de otro mundo, el ministro de Planificación y Desarrollo, Felipe Kast, notificó que la misma encuesta Casen 2009 habría arrojado un estruendoso aumento de la inequidad social en Chile respecto de 2006. En la ocasión, el ministro explicó que “los resultados indican un quiebre en la tendencia hacia una menor desigualdad en la distribución de los ingresos desde el 2000” . Como era de esperar, el gobierno de Piñera culpó a la administración Bachelet del abismo social que existe entre la población, y Bachelet se excusó malamente, asegurando que “Sin las decisiones que se tomaron (en mi mandato), la pobreza hubiera sido mayor”.

Lo cierto es que mientras en el 2006 el 10% más rico tenía un ingreso 53 veces superior al 10% más pobre, esa distancia hacia el 2009 se empinó a 79 veces, es decir, un aumento sideral del 50% en la desigualdad entre los extremos medidos. Ello, pese a que el 10% más rico incluye a muchas personas que deben intentar arribar a fin de mes con 400 mil pesos (769 dólares), según la Casen de 2006.

Pero eso no es todo. Al interior del propio 10% más rico (décimo decil) hay una desigualdad tan manifiesta, que es precisamente en ese tramo donde se ofrecen las mayores diferencias de ingreso. Para el 2006, mientras la disparidad entre los que ganaban más dentro del 90% más precario de los chilenos (los primeros 9 deciles) y el promedio de ingresos de esos grupos era de 1,25 veces; en el 10% más rico la desemejanza alcanzaba la friolera de 36 veces.

En buenas cuentas, la concentración del ingreso estaba en el límite superior del denominado 10% más rico. Es allí donde se produjo el mayor crecimiento del ingreso el 2006.

CIFRAS INIMAGINABLES

Desafortunada o premeditadamente, ahora el gobierno no dio la información sobre los ingresos mínimos y máximos para el 2009, por lo que no resulta sencillo establecer la tendencia que muestra la desigualdad en Chile en términos más detallados. Sin embargo, es dable suponer que las distancias entre los máximos ingresos y los promedios de 2006 se repitieron el 2009, y considerar de forma fehaciente el aumento del ingreso del 10% más rico entre el 2006 y el 2009 (14%), así como la reducción del ingreso del 10 % más pobre (que se derrumbó un 24%). Entonces se puede afirmar –incluso subestimando los datos-, el engrosamiento de la desigualdad entre los máximos ingresos de los más ricos y los máximos ingresos de los más pobres. Si el 2006, el que más ganaba de los ricos enseñaba un ingreso mensual de 32 millones de pesos (61 mil 500 dólares), el menos pobre de entre los pobres recibía un ingreso de 33 mil pesos (63 dólares), lo que revela una diferencia de 97.600 % en ese momento.

¿Qué ocurre el 2009? Si se toma el máximo ingreso de los más ricos el 2009, se observa una cifra de 47 millones de pesos mensuales (90 mil 400 dólares) y para los más pobres, el mayor ingreso sería de 22 mil pesos (42 dólares al mes). Esto es, la brecha entre el ingreso máximo del 10% más rico versus el ingreso máximo del 10% más pobre se habría encumbrado -por lo bajo- a 2 mil doscientas veces, es decir, una diferencia de 220.000%.

En tanto la diferencia entre el 10% más rico -que incluye a sectores medios- y el 10% más pobre creció en un 50%, la desigualdad entre el ingreso de los más ricos de entre los ricos y del 10% más pobre se disparó nada menos que en un 124%.

Como si no fuera suficiente, las políticas sociales de los últimos años –“orgullo” de exportación de la Concertación- no sólo han sido inútiles a la hora de reducir la pobreza y la desigualdad, sino que, además, redujeron la capacidad de los pobres de generar su propio ingreso, pues mientras en el 2006 eran capaces de ganar por sí mismos 20 mil pesos hoy ni siquiera llegan a los 15 mil pesos

LAS RAZONES DE LA FRACTURA SOCIAL

Para el economista y académico Claudio Lara, "Los resultados de la encuesta Casen, además de poner en vitrina el aumento de los niveles de pobreza y el crecimiento de la desigualdad social, dieron una verdadera bofetada no sólo a la política social del gobierno anterior, sino sobre todo al modelo económico que ha imperado en el país durante los últimos 35 años”, y agrega que “Estamos frente a un sistema que, por un lado, genera a los grandes empresarios que operan en el país gigantescas rentabilidades en plena crisis, y que, por otro lado, ofrece un 'mercado laboral' con escasa capacidad de crear empleo para la mayoría de los trabajadores. Ello se expresa en la persistencia de altos niveles de cesantía, y cuando se llega a crear trabajo, es en gran parte 'empleo indecente' (precarizado y esporádico). En rigor, a la hora de discutir sobre distribución del ingreso, hay que comenzar por analizar la distribución entre salarios y rentabilidades empresariales".

Patricio Guzmán S., también economista y académico, explica que la Casen “demostró que no todos se han ajustado el cinturón durante la crisis económica en curso, pues las familias del decil más rico vieron crecer sus ingresos desde la encuesta anterior de manera más que importante, mientras los más pobres empeoraron. De esta manera, una vez más tenemos evidencias de una relación entre pobreza absoluta y desigual distribución de la riqueza en el país. Cosa que el titular del Mideplan, pasa por alto, aferrado al dogma neoliberal que dicta que las políticas públicas deben focalizarse en la pobreza extrema y no en el problema de la extrema desigualdad de la distribución de los ingresos”.

Por su parte, el especialista en economía en el ámbito del trabajo y las estadísticas, Rafael Agacino, indica que existe una relación estrecha entre, por un lado, la pobreza, y por otro, el mundo del trabajo y la “fragmentación productiva” (una forma de organización /encadenamiento de la producción de bienes y servicios que liga a las grandes empresas con las medianas, pequeñas y micro empresas e incluso con los trabajadores a domicilio). Asimismo, Agacino asegura que “a diferencia de países en los cuales hay una gran masa de población rural y/o indígena, en Chile un segmento importante de pobres no debe su condición a estar "excluido" de la actividad económica sino por el contrario, por estarlo, pero bajo condiciones de precariedad”.

Es más, Rafael Agacino declara que en el país, la conexión entre la dinámica del crecimiento (o decrecimiento) y la pobreza, mediada por un mundo del trabajo flexible y por una organización industrial que masifica la externalización como mecanismo de ajuste, “no garantiza a quienes salen de la pobreza - por ejemplo en un ciclo ascendente- que esta situación sea perdurable e implique movilidad social ascendente de largo plazo. Por ello, cada vez que el ciclo va a la baja, inmediatamente - casi como piloto automático- se deja a sentir en los ingresos de los trabajadores, especialmente en aquel sector "desprotegido" o flexibilizado. Es decir, sea por los despedidos "fáciles" (trabajos temporales o parciales) o por ajustes instantáneos a la baja de los salarios (por la vía de la parte variable de los salarios), o sea porque las grandes empresas dejan de comprar, retrasan pagos o rebajan los precios a la red de pymes, micro y/o trabajadores a domicilio, finalmente el ajuste lo paga la fuerza de trabajo con rebajas en sus salarios o desempleo, o ambas cosas, afectando sus ingresos autónomos (sin subvenciones). Esto explica porqué la pobreza el 2009, frente a una fuerte caída de PIB (valor monetario total de la producción corriente de bienes y servicios de un país durante un período de tiempo de normalmente un año) de 1,7%, debía aumentar. Y así fue, a pesar del esfuerzo en el gasto fiscal que desplegó el gobierno de Bachelet”.

Pero también la sociedad entre crecimiento y desigualdad queda mediada por los mismos factores. Nuevamente un mundo del trabajo flexible y la fragmentación productiva, bajo la manera chilena, “precaria y depredadora, puede hacer que incluso en ciclos de crecimiento, no mejore la distribución del ingreso. Así fue durante el largo período de los gobiernos de la Concertación que, salvo los años 1999 y 2009, siempre mantuvo tasas de crecimiento positivas del PIB, incluso en la década de los noventa con una tasa media anual en torno al 7%”, añade Agacino y completa que “Lo anterior se hace más evidente cuando se revisa la distribución "funcional" del ingreso (el reparto del PIB entre capital y trabajo) que viene de los datos de Cuentas Nacionales, o de una manera mas indirecta, a través de la distribución de los "ingresos autónomos" - es decir, excluido el gasto fiscal social que luego se suma a los ingreso familiares- que entrega la Casen. En uno u otro caso, la medición recoge un resultado más cercano a las relaciones de fuerza que se dan en el mundo del trabajo, y es claro que en las condiciones actuales, se sabe cuál es el eslabón más débil. Así, el mundo del trabajo y la fragmentación productiva bajo las formas de la subcontratación y encadenamientos, tienden a transformarse en mecanismos de reproducción de la pobreza para un gran contingente de trabajadores "desprotegidos" que entran, salen y vuelven a entrar cíclicamente al ‘mercado del trabajo’, y en general es un mecanismo reproductor o amplificador de la desigualdad. Es claro que "la crisis no la pagaron los patrones". Y esto no es producto de una maldición mística, sino el resultado directo de nuestra debilidad para cambiar la correlación de fuerzas en nuestros lugares de trabajo y para hacer valer la voz de los trabajadores en los espacios en que se deciden las políticas económicas y las reglas de este modelo implantado por la dictadura y legitimado por la Concertación.”

Andrés Figueroa Cornejo

martes, 17 de agosto de 2010

El reality del dolor

Nicolás Espejo Yaksic
Abogado y Master en Derecho Internacional. Profesor de las universidades Adolfo Ibáñez y Central. Consultor de Unicef y socio fundador de la Corporación Interés Público.

Ya estoy hastiado, molesto, asqueado. Ya es más de una semana de reportajes sin parar, equipos de televisión instalados el día entero dando cuenta del valor de esos mineros pobres -más que pobres mineros- que ya deben estar todos muertos debido a la miseria de un oficio regulado por la codicia y la falta de escrúpulos.
Estoy hastiado de esos contactos en vivo, haciendo preguntas estúpidas a los familiares de esos mineros, buscando una frase que enganche a la dueña de casa del matinal, al oficinista que prende la tele luego del trabajo, a todos nosotros, morbosos despiadados que seguimos este drama con interés animal. Molesto con la utilización patética y asquerosa del Gobierno, de sus llamadas a la espera de milagros, de los viajes del Presidente, de su esposa, del Ministro de Minería (llore o no llore) de cuanto tonto oportunista de izquierda y de derecha que pueda colgarse de la noticia y relacionarla con el Bicentenario… Estoy asqueado con los reportes pelotudos que relacionan esta tragedia con algún otro evento similar, con el conteo de los metros que avanzan las máquinas esas y del despliegue de conocimiento minero de Amaro Gómez Pablos, en fin, de la portada de los diarios electrónicos que actualizan la noticia minuto a minuto: “¿está aburrido en su oficina? Lea acá que pasa con los mineros pobres”.
La solidaridad de la clase trabajadora se hundió hace rato en el fondo del mar y los partidos de la mal denominada izquierda se encargan que no reflote.
Todo esto es una porquería, falsa, insensata, que no parece acabar nunca. Nadie está satisfecho. Hay que seguir mirando, mientras calentamos la sopa, sorbeteamos el plato de tallarines, le echamos sal a la ensalada y vemos como van los sondajes. ¿Importa esta gente en realidad? Un níspero. La realidad de esta gente no vale nada, para nadie. Los políticos de izquierda –puro progresismo desclasado- están más preocupados de un royalty que se relaciona con los derechos laborales de mineros que trabajan en óptimas condiciones, que reciben bonos espectaculares y que prefieren enviar a sub-contratistas que entrar ellos mismos a las faenas más duras. La solidaridad de la clase trabajadora se hundió hace rato en el fondo del mar y los partidos de la mal denominada izquierda se encargan que no reflote.
¿Qué tiene que decir el PPD sobre la explotación de los pirquineros? Nada. El tema es otro, la diversidad, reencantar a la gente con la política, más participación ciudadana, y los mismos rotos olvidados. Los políticos de derecha, en tanto, en silencio máximo. Salvo los que creen que la injusticia social se subsana con milagros, no hay nada que decir. ¿Cómo se enfrenta esa miseria cuando uno está pensando en cualquier otra cosa, menos en el fenómeno de la explotación de algunos hombres por otros hombres?
Seguro creerán que el tema es el management de esa institución que vinimos a conocer recién ahora (SERNAGEOMIN) y que cambiando algunas prácticas ahí, estamos al otro lado. Ingenuidad o maldad, no sé. Lo que si se es que el entierro de esos mineros pobres es el síntoma de cuanto importa en realidad la vida de quienes tienen que vivir como animales para que otros hombres y mujeres vivamos como reyes (igual que los trabajadores de temporada agrícola, los pescadores artesanales, los inmigrantes ilegales). Pero se supone que nada de esto tiene que ver con el capitalismo.
Lo cierto es que las máquinas llegarán al fondo, a descubrir esos cadáveres, hediondos, con costras, destrozados. No los veremos, si los reportajes de TVN, Megavisión, Chilevisión y UCTV, con historias de esfuerzo, música para emocionar, las emotivas palabras del Presidente –que ya deben estar circulando en el Segundo Piso-, la propuesta de revisión a la institucionalidad de la minería informal, etc., etc., etc. Cuando eso pase, y la parrilla programática nos haga volver a Fiebre de Baile, Yingo o SQP, habremos sólo pasado de un reality a otro. Nada habrá cambiado en nosotros, como tampoco cambia cuando la Vale Roth se dobla el pie o la Geisha queda embarazada. Bienvenidos al Reality del Dolor.

sábado, 14 de agosto de 2010

Tiempo de reflexiones

escrito por Guillermo Almeyra
Fidel Castro está haciendo interesantes reflexiones –desgraciadamente, no sobre Cuba y las vías para que ésta salga del empantanamiento actual– y me parece útil imitarlo sobre otros temas.

El Pentágono (y su perro de ataque, Netanyahu) sienten, en efecto, la gran tentación de llevar a cabo sus planes bélicos largamente preparados contra Irán y contra Venezuela (y Cuba) y esperan poder conseguir el milagro de una blitzkrieg aereonuclear, rapidísima y quirúrgica, que presente a las otras potencias un hecho consumado y no les dé tiempo a reaccionar, para reanimar así, con una guerra y el consumo de armamentos, la economía maltrecha del tiburón yanqui (y de su rémora israelí). A fines de los 30, esa fue también la ilusión de Hitler, cuyo racismo y conceptos geopolíticos comparten y quien, como ellos, también se basaba en el complejo militar- industrial más fuerte de su tiempo. Tiene razón pues Fidel Castro al denunciar continuamente los preparativos políticos, económicos, logísticos y propagandísticos de lo que podría ser el comienzo de una tercera guerra mundial y el inicio del fin de toda la civilización ya que, como en los años 30, caminamos sobre el filo de la navaja de una guerra mundial mientras el escenario político está marcado por guerras aparentemente locales y localizadas, que son en gran parte ensayos generales de las armas, las técnicas y los conflictos. Pero hay otras cuestiones igualmente importantes que la posibilidad de una guerra nuclear (a la cual Mao dijo hace casi 50 años que siempre sobrevivirían unos cuantos cientos de millones de chinos).

Una de ellas, a plazo más largo, es precisamente el del futuro chino. Ni la economía de Estados Unidos ni el dólar estarían en pie si China no los sostuviera comprando papel moneda devaluado, bonos y bienes a su competidor. El mercado interno chino, aún insuficientemente explotado, y en menor medida el de los ex países socialistas, es el proveedor actual de oxígeno para el sistema y su fuente de esperanza en el futuro. China, que desarrolla el capitalismo y, como lo hizo la Unión Soviética, vacuna con su ejemplo contra la idea misma de socialismo, desde el punto de vista del sistema es un potente dique conservador y contrarrevolucionario a escala mundial y su compra de vastísimas extensiones de la mejor tierra en África o de la soya argentina, brasileña, paraguaya, boliviana, refuerza también el yugo del gran capital agroindustrial sobre millones de campesinos.

El papel de China en la economía, la política y el comercio mundial merecen un estudio especial, pero en esta breve nota me concentraré sólo en lo que se puede prever sobre su desarrollo interno.

China no puede seguir viviendo sólo de la exportación. Esto significa que deberá ampliar el mercado interno, elevando la productividad y mecanizando; o sea, expulsando decenas de millones de campesinos más hacia las ciudades o hacia la emigración. Los costos sociales, económicos, políticos y ecológicos de este proceso serán enormes, pues habrá que extender y modernizar los servicios esenciales, asegurar transportes y viviendas y preservar el ambiente en tierras con una población cada vez más concentrada y crecientemente desigual.

Lo que hoy se destina a mantener altísima la tasa de ganancia irá en parte a la actividad estatal y la acumulación y en parte a salarios. Porque en un principio seguirá la abundancia de mano de obra barata, campesina, frugalísima. Pero, como sucedió hace menos de un siglo en Japón o de medio siglo en Corea del Sur, que también eran países campesinos imitadores y productores de chatarra occidental que se transformaron en grandes potencias industriales, surgirán grandes sindicatos, duras huelgas y los salarios se elevarán, reduciendo aún más la tasa de plusvalía y la de ganancia. Las condiciones inhumanas de trabajo y los horarios de 16 horas se convertirán en rarezas y el capital perderá su paraíso asiático, mientras desde el Extremo Oriente llegarán entonces al resto del mundo ejemplos gloriosos de luchas proletarias. Las huelgas que estallan y arrancan grandes aumentos salariales preanuncian ese proceso. El lado bueno viene siempre envuelto en el malo y la explotación capitalista más brutal está preparando un enorme y combativo ejército obrero que hasta ahora nunca existió en Asia.

¿Qué hará el actual partido ”comunista” que tiene en su seno a casi todos los millonarios del país? ¿Qué efecto tendrá este proceso sobre Japón y la India? ¿Qué resultará de la combinación entre el nacionalismo chino tradicional y la desesperación de una capa de mandarines-burócratas-capitalistas jaqueada simultáneamente por los efectos sociales y políticos del desarrollo del capitalismo en China y por los ecos de la crisis política y económica mundial del sistema capitalista que está sosteniendo?

¿No ha llegado acaso el momento de hacer un balance de qué fue la revolución china, de qué fueron el maoísmo, el Gran Salto Adelante, la Revolución Cultural y de sacar algunas conclusiones del fracaso del estalinismo en sus dos versiones, rusa y china?

Sobre la Labor Política

Me gustaría hablar acerca de la labor política que debemos ejecutar como un conjunto coherente y articulador de fuerza social. Son palabras que debieran tener en cuenta todos aquellos quienes creen, en primer lugar, que la política es la forma de organizar la sociedad entre todos. A diferencia de quienes hablan de ‘los políticos’ como un ente separado de sí mismos, que se separan al punto de la alienación del resto de la sociedad, perdiendo el compromiso con ella.
En primer lugar se debe hacer la distinción, o bien establecer a qué nos referimos, de lo que serían algunas de las palabras claves a utilizar. Tales como política, progresismo, populismo y demagogia. Se hace necesario saber qué redes de poder se tejen tras éstas, de manera que sea posible establecer las estrategias de defensa y ataque necesarias ante éstas.

Quiénes se encargan de introducir en las masas el sentido positivo del significado de estos conceptos, ocultando el sentido negativo. Es decir, ejecutando una labor dominante y opresiva, aprovechándose del principio de bondad de la población, al querer ésta siempre lo bueno y lo mejor para todos pero sin ahondar en el qué o el cómo. La población es manipulada de tal forma que se suprime la crítica ante los hechos o la forma en que estos son presentados. Son los medios de comunicación que, sometidos a la hegemonía de un único y económicamente poderoso -además de retrógrado en sus planteamientos- sector de la sociedad, que se expanden y dominan las diversas vías por los cuales se transmite la información. En consecuencia, antes de todo, hay que desarrollar y apoderarse de nuevos medios de comunicación que permitan al mismo pueblo comunicar sus propuestas y necesidades.
Se ha impuesto que política o la política la ejercen quienes están en el poder, sea el gobierno mismo, el parlamento, la justicia y las otras instituciones. Entonces, quien representa el significado de la política son quienes, se supone, la ejercen en el poder. De aquí es que, en el habla común, al referirse y negarse a la participación política, el que habla lo hace desde una posición abandonada de sí, desde la postura del bien, que le impide identificarse con la ejecución de esta. El juego que han hecho los medios ha sido silenciar sistemáticamente a quienes la ejercen efectivamente y potencian la visión del estado asistencialista en que las masas ejercen la labor pasiva de requerir y recibir el trabajo realizado por la clase política gobernante. Por esto mismo, la labor política de base, de todo quien crea necesario un cambio del sistema, es establecer en el habla común, en toda conversación la identificación de la persona común en su cotidianidad con el compromiso de una labor política.
Ahora bien, quienes se han encargado de gobernar hasta el momento se han hecho llamar a sí mismos progresistas. Desde la base del principio de bondad con un planteamiento asistencialista. Lo que esconde en realidad es la conformación de una segunda generación de clase oligarca. En que los bienes públicos (obtenidos del estado) se reparten en forma inversamente proporcional a la cantidad de individuos miembros de cada clase socio-económica. Donde se establece y administra un gobierno heredero de la dictadura, en que se pierde el sentido de lo que es educación para pasar a un sistema de instrucción optimizada para aumentar la productividad de la industria y, ergo, enriquecer a la primera y segunda generaciones de oligarcas. Se inventan o adoptan palabras que, bajo el mismo principio de bondad, los medios de comunicación y las bases catedráticas universitarias que están de parte de estas clases enriquecidas y explotadoras, se permitan una mejor dominación de las clases trabajadoras. Hablo del consumismo, la innovación y el emprendimiento. Un trinomio de la explotación capitalista neoliberal.
Llegamos aquí, en consecuencia, a otro núcleo de importancia que protege al sistema para su supervivencia. Hablo de como se distribuye y accede a la cultura o el conocimiento. A partir de este punto, a nuestra labor política, debe añadirse trabajar para establecer los fundamentos de una nueva sociedad. El acceso a la cultura (libros, teatro, música, cine, museos, etc.) está claramente restringido a quienes se permiten un nivel de bienestar económico que supere el nivel de supervivencia, sometido además a una constante separación entre el momento cotidiano y el momento cultural. El acceso a la información y, en base a ésta, la generación del conocimiento, se ve restringido fuertemente por las cláusulas de protección de lo que el sistema llama propiedad intelectual o derecho de autor. Limitando la reproducción y modificación de cada elaboración cultural, cobrando un importe por cada uso no permitido en las cláusulas de elementos tan básicos como discos de música, libros, software, hasta tan complejos como patentes de remedios o semillas, investigaciones cruciales en el desarrollo de las ciencias. Es esencial entonces aumentar las fuerzas de los movimientos pro liberación de la cultura y el conocimiento.
Si miramos en este momento, el panorama político es ciertamente temible. Lo que hay ahora es abiertamente peor a la clase política autodenominada progresista. Es la clase populista que, con su demagogia con un alto contenido de frases sin significado real, repetidas una y otra vez hasta el cansancio, se permite, gracias al trabajo realizado por sus antecesores, establecerse en el poder para, finalmente, dar el punto final a la gran obra maestra de sus próceres, y así dominar ad eternum. Esta fiesta no debe terminar bien para ellos, por alguna razón estamos nosotros y tenemos la claridad de nuestra palabra.
Me quiero referir ahora al discurso de la claridad, cómo desarrollarlo. La labor política, esta labor política, debe ser ejecutada por mujeres y hombres que, a la vez que la van ejecutando, sean capaces de escuchar y hablar el lenguaje del que habla. Seguir el camino de la sabiduría de tal manera que, al que sepa cocinar, le hables de cómo hacer política cocinando, de cómo compartir sus conocimientos, de cómo trabajar en forma colectiva, de cómo hacer la revolución cocinando una cazuela. No tiene sentido hablar con gravedad cuando aún no sabemos qué es la levedad. Buscar en todas partes a los individuos inquietos, despertar en ellos el brillo de la claridad en sus ojos. Elaborar un discurso que permita al pueblo apoderarse de sí mismo, apropiarse de la construcción de la identidad propia.
Por último, es necesario recalcar que, considerando la diversidad de organizaciones y grupos políticos, es mucho más importante en este momento colaborar para lograr algo grande que competir para obtener migajas. Importante es lograr una gran organización y coordinación social que los incluya a todos y considere sus propuestas. El trabajo político se debe hacer con el aporte de las distintas visiones y desde las bases.

Una de mis ideas, propuesta concreta, es, en consecuencia, conformar en cada unidad social (grupo) un Comité de Justicia, Verdad y Ayuda Mutua. En el cual los mismos participantes aprenden a hacer política con su comunidad. Hacer proyectos comunitarios y colaborativos, tales como ferias con monedas alternativas, agricultura colectiva en que la comunidad ocupa terrenos para plantar hortalizas y verduras, hacer bibliotecas comunitarias, centros culturales, etc. El comité sería el ente regulador de las distintas iniciativas populares, de manera que se logren los objetivos propuestos.
Es entonces, esta labor política, una tarea de largo aliento pero, a la vez, con fines claros y cuyos medios para realizarlos son concretos. Los pequeños trabajos a realizar entre todos contribuirán en gran medida a la educación política de las multitudes y como sustrato fundamental de una Carta Magna que satisfaga las necesidades de todo el pueblo.
Espero, finalmente, que quien lea esto se sienta identificado con este tremendo desafío y participe con alegría y convicción en la construcción de una nueva sociedad.

NOTA:
El llamado en este artículo “principio de bondad” hace referencia al sentimiento común que existe de hacer el bien, de que lo que se recibe es lo bueno, que la intención de daño a los individuos es nula, etc. Se puede decir que es el sustrato cultural ancestral; el trabajo político debe tenerlo en cuenta al momento de actuar.
David Pineda

“El verdadero problema de América Latina no es la pobreza sino la riqueza”

Raúl Zibechi, analista uruguayo: “El verdadero problema de América Latina no es la pobreza sino la riqueza”

No hay que llamarse a engaños: el modelo neoliberal pese a los efectos perversos que ha tenido en la profundización de las injusticias sociales en América Latina, sigue funcionando, “pero ya no gira en torno a las privatizaciones, la apertura económica y las desregulaciones, sino que se ha volcado en la apropiación de los recursos naturales”, sostiene el analista internacional y activista social uruguayo, Raúl Zibechi.
Investigador de las realidades socioeconómicas y políticas de los países latinoamericanos, Zibechi considera que los movimientos sociales tienen el reto de seguir presionando a lo largo y ancho de la región para acabar con la “larga noche neoliberal”.
Este analista internacional que estuvo exiliado en España por haber resistido la dictadura del Uruguay a mediados de los años 70, se ha dedicado a la investigación social y a la docencia que alterna con sus actividades de escritor y periodista.
Está dedicado por completo al trabajo con los movimientos sociales, es miembro del consejo de redacción del semanario Brecha de Montevideo y participa como docente en la Multiversidad Franciscana de América Latina. Además, es un destacado activista social y asesor de organizaciones sociales, barriales y medios de comunicación alternativos.
A su paso por Bogotá, en donde dictó un taller sobre nuevas formas de dominación y presentó su último libro América Latina: Contrainsurgencia y pobreza, Zibechi dialogó con el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano.
¡YA BASTA!
En su disertación, este intelectual uruguayo fue contundente en señalar que “es enteramente falso que el problema central de nuestras sociedades sea la existencia de porcentajes elevados de pobreza. El verdadero problema es la riqueza, es decir la existencia de una clase social parasitaria, que no cumple ningún rol positivo en la sociedad aunque sí tiene el suficiente poder tanto para influir en las políticas estatales, en las agendas públicas y de los medios de comunicación, como para desviar el foco de atención hacia su impúdica acumulación de riqueza”.
“Romper con esta concepción de la pobreza como problema a resolver y poner el centro de atención en la riqueza, es un requisito para cambiar las políticas sociales”, es una de sus recomendaciones.
Se lamentó de que “el gran triunfo ideológico del Banco Mundial es haber inoculado en las izquierdas, en los sindicatos y en los intelectuales progresistas, que se puede acabar con la pobreza sin tocar la estructura de la propiedad. O sea, sin modificar las relaciones de poder”.
Criticó las denominadas políticas asistencialistas porque “no erradican la pobreza, no abordan las causas estructurales de la marginalidad y la exclusión social, por el contrario, profundizan el paradigma individualista del neoliberalismo. Estas políticas centradas en ‘el combate a la pobreza’ buscan evitar el conflicto. O sea, buscan la anulación de cualquier sujeto de abajo y quieren que sólo existan sujetos estatales o empresariales”.
Explicó que “los sujetos se forman en la lucha, nacen de ella y si la sociedad se instala en un período de letargo social, los actores se desvanecen. Toda la política del Banco Mundial y de las élites globales y nacionales es para des-sujetizar, para evitar que las diferencias se conviertan en conflicto social”.
Desde una perspectiva epistemológica, Zibechi llamó a los sectores progresistas y de izquierda en América Latina “a elegir el ¡Ya basta!, porque es una opción ética y política muy válida”.
Destacó igualmente que muchos de los proyectos y las políticas sociales progresistas como la economía solidaria, la autonomía y la horizontalidad, la educación popular, los movimientos sociales de gestión productiva “nacieron de las resistencias a las políticas de ajuste estructural del neoliberalismo. No obstante que la economía solidaria no es nada fuera del marco del conflicto. Puede ser un modo de adquirir fuerza para encarar el combate en mejores condiciones”.
REPRIMERIZACIÓN DEL APARATO PRODUCTIVO
La crisis del neoliberalismo constituye para Zibechi “una oportunidad para presionar cambios”, por eso considera que “es indispensable meterse con la economía para cambiar la situación actual”. Y es que “América Latina no puede repetir la negativa experiencia de echar a perder los intentos por erigir el Estado de Bienestar para dar paso a la acumulación originaria, bajo el esquema de ‘acumulación por desposesión’, como lo denomina el sociólogo y politólogo británico David Harvey, que erosionó el papel regulador de los sindicatos y su carácter de interlocución, produjo una aguda desindustrialización y la reprimerización del aparato productivo, con su inevitable secuela de desempleo, creciente marginalización de los sectores populares urbanos y desplazamiento de los pequeños campesinos hacia las periferias urbanas”.
En su opinión, develar e “iluminar las formas de dominación como el modelo neoliberal ayuda a desmontarlas” y si bien éstas son muy potentes, también lo son las resistencias.
En la actual coyuntura, explica, la derecha en su afán de lograr una dominación hegemónica no solo “compra” a líderes sindicales o de izquierda sino que busca por diversas formas, tener apoyo total de organizaciones sociales.
Puso como ejemplo el caso colombiano, en el que el establecimiento “no solamente coopta a los angelinos (en alusión al vicepresidente electo Angelino Garzón) sino a organizaciones sociales enteras”, como está sucediendo actualmente con la Confederación General del Trabajo (CGT) mediante el salto que dio su presidente Julio Roberto Gómez del izquierdista partido Polo Democrático al santismo, la expresión más ultraconservadora y oligárquica del establecimiento en Colombia.
DESLEGITIMADO, PERO NO DERROTADO
Para Zibechi, el modelo neoliberal en los países de América Latina “sigue funcionando pero ya no gira en torno a las privatizaciones, la apertura económica y las desregulaciones, sino que se ha volcado a la apropiación de los bienes comunes. La novedad principal de la coyuntura regional consiste en que el Consenso de Washington fue deslegitimado pero el neoliberalismo no fue derrotado. Por el contrario, la acumulación por desposesión, anclada en el modelo extractivista, se sigue profundizando en esta etapa a través de la minería transnacional a cielo abierto, los monocultivos de soja, caña de azúcar y palma, y del complejo forestación-celulosa. Estos emprendimientos, conducidos siempre por grandes multinacionales, se apropian de los bienes comunes, en particular agua y territorios, para convertir la naturaleza en mercancías (commodities) exportadas a los países centrales o emergentes como China e India”.
“Los resultados -agrega- están a la vista: los bancos tienen las mayores ganancias de su historia y el crecimiento económico se basa en exportaciones de commodities y minerales, en una suerte de reprimerización de la estructura productiva de los países. Es el camino que siguen los países de la región, más allá de las fuerzas políticas encargadas de administrar los gobiernos”.
Las política sociales que se han puesto en marcha en varios países de la región “acompañan y compensan la profundización del modelo neoliberal”.
EL EXTRATACTIVISMO: PARTE DEL MODELO NEOLIBERAL
- ¿En su concepto, América Latina atraviesa por un periodo de enterrar “la triste y larga noche neoliberal” para utilizar una frase del presidente ecuatoriano Rafael Correa, gracias en buena medida a las resistencias sociales que tomaron fuerza durante la década anterior?
- Sí y no. Sí, porque ha habido largas resistencias intensas, las cuales han dado cambios importantes, pero los nuevos gobiernos están desarrollando políticas que no salen del neoliberalismo sino que, por el contrario, lo sostienen, en consecuencia, creo que esa afirmación de Correa habría que matizarla mucho. Y no puedo estar de acuerdo con eso, porque de hecho en estos días en Ecuador hay conflicto con dirigentes indígenas acusados de sabotaje y terrorismo, entonces esto es relativo y hay que empujar un poco más.
- Hablemos de su país, Uruguay. ¿Cómo se puede entender que después de 34 años de existencia del Frente Amplio haya logrado llegar al poder, primero con Tabaré Vázquez y ahora con un ex guerrillero como Pepe Mujica?
- Bueno por una larga acumulación electoral que redundó en un triunfo aplastante por más del 50% y por una hegemonía del Frente Amplio en la sociedad uruguaya. Eso está consolidado y no creo que vaya a cambiar pronto.
- ¿El gobierno del Frente Amplio del Uruguay mantiene algunas políticas neoliberales?
- Sostiene el extractivismo y esto es un problema, a mi modo de ver, porque no se logra salir de las políticas que se han venido implementado desde hace mucho tiempo. Yo considero que el extractivismo es parte del modelo neoliberal.
- ¿En ese sentido usted coincide con el ex ministro de Estado ecuatoriano, Alberto Acosta que en su último libro sustenta que la maldición de los países de América Latina es la abundancia en recursos naturales?
- Coincido totalmente, mi diferencia es que los Estados plurinacionales tienden a reproducir la lógica de dominación de cualquier Estado.
- ¿Cuál es su visión sobre el proceso actual de resistencias sociales en América Latina? ¿Habrá posibilidad de que se abra espacio un nuevo modelo económico?
- No veo pautas de un nuevo modelo económico de desarrollo, lamentablemente y lo que observo me preocupa mucho precisamente porque nuestros países están anclados en el extractivismo.
- ¿Cuál es su concepto de los gobiernos progresistas de América Latina?
- Hay dos tipos de gobiernos progresistas: los de Brasil, Uruguay y Argentina que son gobiernos socialdemócratas aliados con un sector del capital; y los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, donde los movimientos son muy fuertes y siguen presionando más.
- ¿En el caso de países como Perú, Colombia y México, habrá influido el hecho de que fueron virreinatos del imperio español, lo cual dejó una impronta cultural y política que ha permitido consolidarse a la derecha y por ende sus dirigencias sean reacias a los cambios sociopolíticos?
- Sí, y por la debilidad de los movimientos sociales que no han logrado desbordar a estos gobiernos y de ahí la hegemonía del capital financiero que sigue siendo muy importante.
- ¿Cómo observa el horizonte político en Colombia?
- Muy complejo y hasta que los movimientos sociales no logren empoderarse, salir con fuerza y ganar las calles, no creo que consigan derrotar esto.
Por Fernando Arellano Ortíz
Fuente: www.cronicon.net

¿Quién es realmente ‘el padre’ de la Concertación?

También es dable preguntar: ¿cómo, cuándo y por qué nació esta controvertida Concertación de Partidos por la Democracia? ¿Cuál es su verdadero origen? He aquí la parte de su historia que el establishment duopólico ha silenciado

NADA ES LO que siempre se dice que es, ni nada procede cien por ciento de la vertiente que siempre se asegura. Si la duda cartesiana se aplica a los eventos políticos, jamás quedará decepcionado quien así lo haga, pues logrará demostrar que el vulgo informado a través de prensa oficial –o prensa administrada por el establishment- es simplemente vulgo desinformado a propósito, con la intención de evitar que los intereses del familisterio de turno en el gobierno pueda ver resquebrajarse su autoridad y su moral.

Si lo anterior parece algo enredado, déjenme decirles que al contar ciertos detalles de la década de 1980 la luz se derramará sobre las líneas oscuras, y todo se hará más claro y entendible…pero también provocará urticaria en muchos lectores y sorpresa en la mayoría.

En política, el año 1983 es considerado por el suscrito como un “año bisagra”, ya que en esos tensos y agitados doce meses se fraguó mucho de lo que es el establishment actual, vale decir el duopolio binominal y el familisterio que se ha apropiado de Chile en toda su largura. Acuerdos, traiciones, cobardías, entreguismos y manejo mañoso de información aherrojando a la democracia, surgen ese año… y por ello, desde entonces, todas las tiendas políticas que conforman los dos bloques oficialistas (Alianza y Concertación), han querido cubrir con el polvo del olvido y la sombra fantasmal de la no existencia.

Hace ya muchos años que la prensa independiente viene asegurando que existe una ‘sociedad de intereses económicos’ entre la derechista Alianza por Chile y la supuestamente progresista Concertación de Partidos por la Democracia. Pese a los intentos realizados por algunos dirigentes concertacionistas en orden a negar lo anterior, a estas alturas del desarrollo de la política chilena caben pocas dudas respecto de lo certero que resulta el comentario de marras. ‘Patrones’ unos, ‘mayordomos’ los otros…así califica una parte de la ciudadanía a ambos bloques (adivine usted, buen adivinador, cuál de ellos es el ‘mayordomil’).

¿Es lo anterior una injuria, una falsía, un insulto gratuito? ¿Hay bases concretas para afirmar que la Concertación, desde su nacimiento, fue siempre una empleada servil y obsecuente del ‘patroncito’ derechista transnacional? Definitivamente, sí, las hay, y son difíciles de desmentir.

LA HISTORIA DEL ENTREGUISMO COMIENZA EN 1983

Los hechos duros, sólidos, concretos, comienzan ese año con la elección del nuevo presidente de la poderosa Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC). Los dirigentes de los sindicatos de Chuquicamata, El Salvador y El Teniente, reunidos en Punta de Tralca (instalaciones que la iglesia católica tiene en el litoral central cerca de El Quisco), luego de tensas reuniones y mini asambleas que duraron casi una semana, decidieron entregarle a un joven dirigente de base, Rodolfo Seguel Molina –presidente de un pequeño sindicato de empleados del mineral El Teniente-, el mando de la confederación en uno de los momentos de mayor tensión existente entre los trabajadores organizados y el gobierno dictatorial de Pinochet, representado en esa área por el ministro del trabajo, José Piñera Echenique, quien había parido el nefando Plan Laboral y la Reforma Provisional, reflejada esta última en el inmoral negociado de las Isapres y las AFP’s,

Con Seguel al mando en la CTC, se produjo la unidad sindical de importantes federaciones y confederaciones que se agruparon en torno a ella, siendo las principales: CEPCH (Confederación de Empleados Particulares de Chile), Coordinadora Nacional Sindical (CNS), el Frente Unitario de Trabajadores, y la Unión Democrática de Trabajadores.

Debido a su inexperiencia dirigencial y política, Seguel se va de lengua ante la prensa y ante sus propios socios sindicales convocando a un Paro Nacional en momentos que ninguna organización sindical ni gremial en Chile se encontraba en condiciones de “parar sus labores” ante un gobierno de facto que, sin titubeos, ordenaba el despido inmediato para quienes ‘pararan’, así como arrestos, torturas, relegaciones -e incluso la muerte- para aquellos líderes que osaran contravenir las normas de regimiento impuestas por Pinochet y sus adláteres (Tucapel Jiménez, el presidente de la ANEF, había sido asesinado en febrero del año anterior -1982- por un comando de la DINE, la dirección de inteligencia del ejército).

Finalmente, Seguel y la CTC abren sus oídos a los consejos y propuestas emanadas de las otras organizaciones y deciden cambiar el llamado a Paro Nacional por las Protestas Sociales, emulando en parte lo acaecido en París el año 1968 durante “la revolución de las flores”, el inolvidable movimiento popular que tuvo contra las cuerdas a Charles de Gaulle y su gobierno ultraderechista.

El éxito de las Protestas Sociales fue absoluto, total. Por cierto, Pinochet intentó –como era su costumbre- reaccionar con violencia, pero hubo de sufrir una nueva derrota ya que la Corte Suprema de Justicia señaló que las ‘protestas’ no eran ilegales, marcando con ello un antecedente importante para la oposición a la dictadura. Las ‘protestas sociales’ se iniciaron el 11 de mayo de 1983, y la más dura de ellas se dio en los días 11 y 12 de agosto de 1983, ocasión en la que el país se paralizó completamente y las fuerzas de carabineros resultaron insuficientes para “desalentar” a la población que se había tomado las calles y las plazas en muchas ciudades del país. El ejército una vez más salió de sus cuarteles a controlar –a balazos, como siempre- las manifestaciones populares.

Pero, ni siquiera la presencia de militares armados para la guerra, ni el tránsito de tanquetas, tanques, carros blindados, helicópteros artillados y aviones de la FACH realizando sobrevuelos rasantes para amenazar a los chilenos, fueron elementos suficientes en orden a terminar con las manifestaciones y descontentos de la ciudadanía. Pinochet se encontraba acorralado por las fuerzas vivas de la nación, vale decir, por los trabajadores, los estudiantes y los pobladores. Se veía venir, tarde o temprano, la caída del régimen y la más que probable irrupción de una Asamblea Nacional y un gobierno popular nacido de las bases mismas de la población, lo que podía significar echar por tierra los ‘avances’ neoliberales y predadores estructurados por la dictadura e impuestos a bayoneta y bala por el régimen totalitario.

Entonces, tras diez años de violenta represión militar los trabajadores retoman la iniciativa, y en las jornadas más masivas y combativas de la historia reciente de Chile, pusieron en retirada a la dictadura, la cual, con la jerarquía católica y la embajada norteamericana como intermediarios, aceptará presentar al país la hoja de ruta para contener la explosión social e iniciar una salida negociada.

UN MINISTRO DE PINOCHET CREA LA ‘CONCERTACIÓN’

Al iniciarse el mes de agosto de 1983, Pinochet decide nombrar como ministro del interior a un político ‘profesional’ (como gustaba llamar el tirano a todos aquellos civiles que se dedicaban a tales afanes). Es así que entrega la conducción del gobierno interior al ultraderechista terrateniente y ex parlamentario Sergio Onofre Jarpa, miembro activo del antiguo Partido Nacional (que era la unión de conservadores y liberales), quien se había destacado por su virulencia en la lucha frontal contra el gobierno de Salvador Allende una década antes.

Jarpa era zorro vejo en esas lides y tenía claro que con los trabajadores organizados en el Comando Nacional poco y nada lograría; por el contrario, intentar negociaciones con ellos sólo provocaría al gobierno militar el más absoluto y sonoro de los fracasos y, peor aún, originaría el derrumbe de toda la argamasa fascista-empresarial estructurada en esos años de conducción “chicaguiana”.

También sabía Jarpa que los dirigentes políticos de las tiendas partidistas opositores (hasta ese momento declaradas “fuera de la ley” por la dictadura) coincidían con él en tales aprensiones, ya que ni los democristianos, ni los socialdemócratas, y tampoco un sector de los socialistas, aceptarían ser sobrepasados por el mundo sindical perdiendo no sólo las calles sino, principalmente, el control y conducción de las masas.

Luego de varias reuniones en las que Sergio Onofre Jarpa tomó tecito y comió galletas con algunos dirigentes políticos opositores (seleccionados por La Moneda en un trabajo llevado a efecto por el propio Jarpa junto con su subsecretario Alberto Cardemil), y después de constatarse el éxito de la cuarta protesta social encabezada por el Comando Nacional de Trabajadores, con la anuencia del régimen pinochetista y bajo la innegable conducción y apoyo del ministro del interior del régimen, el día 22 de agosto de 1983 nace la Alianza Democrática conformada por el partido Demócrata Cristiano, el Partido Republicano (de clara tendencia derechista), el Partido Radical, el Partido Socialista, el Partido Socialdemócrata y la Unión Socialista Popular, dispuestos todos a negociar con Pinochet una transición a la democracia.

En ese intríngulis, la Alianza Democrática –por exigencia explícita del dictador y de su jefe de gabinete- llama los dirigentes sindicales que pertenecían a sus tiendas partidistas y les ordena “entregar las banderas” de la conducción popular a los nuevos mandamases de ese ave fénix político (que de ‘nuevos’ nada tenían ya que eran los mismos actores que conjugaron la tragedia de los años 70, incluyendo por cierto a Jarpa, Cardemil, Pinochet y todos los demás).

Poco tiempo después, el 10 de noviembre de 1983, la izquierda-izquierda manifestó su descontento con lo acontecido y da origen al Movimiento Democrático Popular (MDP), que en aquel entonces se configura claramente como una alianza de la oposición alternativa de izquierda al gobierno militar-empresarial, ya que el Partido Comunista y otros sectores aledaños a esa tienda (Clodomiro Almeyda, el Mapu Obrero Campesino y el PS-CNR) habían sido excluidos de la Alianza Democrática por orden de Pinochet con la pública anuencia de los dirigentes de ese bloque.

Fue así, en suma, que los principales dirigentes del Comando Nacional de Trabajadores bajaron sus banderas y se inclinaron servilmente ante las órdenes partidistas de sus respectivas tiendas, cediéndoles la conducción de las masas y el control de las calles al nuevo esqueleto político que era del pleno gusto de Pinochet y que, pocos años después, se llamaría Concertación de Partidos por la Democracia, un bloque que se estructuró desgajándose de aquel huevo de la serpiente llamado Alianza Democrática que –en estricto rigor- había sido pensada, impulsada, orientada y creada por el ministro del interior pinochetista, Sergio Onofre Jarpa, cual última y desesperada forma para detener lo que hasta ese momento surgía como irrefrenable: el avance de los trabajadores hacia una Asamblea Nacional y el derrumbe de la estructura de capitalismo salvaje impuesto por el régimen tiránico.

Conocido lo anterior es posible entonces explicarse la espontánea y efusiva reacción de alegría exteriorizada por Onofre Jarpa la noche en que el ‘pueblo concertacionista’ obtuvo el histórico triunfo en el Plebiscito de octubre de 1988, cuando el ex ministro de Pinochet fue a saludar y fundirse en abrazos con dirigentes ‘opositores’ al régimen militar, tales como Enrique Silva Cimma, Patricio Aylwin y Andrés Zaldívar, tal que si esa victoria le perteneciera también a él.

¿Y qué podía ello tener de extraño? Nada, pues, ya que estaba felicitando a sus alumnos, a su propia creación política que desde ese año 1988 –en calidad de mayordomos del gran patrón del norte- formaría parte activa e interesada del modelo que Pinochet y los ‘Chicago boys’ habían creado para beneficiar los intereses económicos de grandes consorcios transnacionales, predadores sin fronteras, Dios ni ley.

Y con la capa de falso ‘socialismo’, esa Concertación –nacida bajo el impulso y embrujo de los pinochetistas como un andamiaje sistémico- gobernó a los engañados chilenos privilegiando a todo dar, en los hechos ciertos, a quienes, precisamente, siempre habían estado (y siguen estando) a favor de la explotación del pueblo y de las enormes diferencias de clases.

Arturo Alejandro Muñoz