El empresariado asegura ''El país somos nosotros''

El empresariado asegura: ''El país somos nosotros''
Por Arturo Alejandro Muñoz
Fuente. www.g80.cl


Hubo alguna vez un país que se llamó Chile, y que ocupó el mismo territorio donde hoy se ubica el complejo multi-empresarial más grande del hemisferio sur. Esto no es ficción… ya está sucediendo, y para que ello se consolide sólo falta un elemento: que un empresario, especulador financiero, llegue a La Moneda.

GRACIAS A LA campaña presidencial, el tema ha sido puesto nuevamente sobre el tapete reviviendo la vieja discusión. ¿Estado enano o Estado macizo?

Durante más de medio siglo los dueños del capital financiero, junto a sus referentes políticos, impetraron con vehemencia una reducción significativa del aparataje estatal en beneficio del crecimiento voluminoso de la actividad privada en casi todos los ámbitos del quehacer nacional. La última gran controversia que se recuerda (respecto del tema) se produjo durante el gobierno de Salvador Allende, con los resultados que todos conocemos.

A partir de la instalación en Chile de una dictadura militar, el empresariado comenzó a recoger las redes que había tendido durante cincuenta años, y el tamaño del Estado inició su camino de debilitamiento.

Fue así que, desde Pinochet hasta este último gobierno concertacionista, nuestro país ha contado con un sistema económico que privilegia una macroeconomía sustentada en la actividad de grandes consorcios empresariales y, como efecto inmediato, un fuerte y sostenido debilitamiento de los sectores mayoritarios de la nación. Si pudiésemos trasladarnos al futuro, encontraríamos que los historiadores del año 2100 calificarán a este largo período de nuestra Historia como “la época del empresariado gobernante”. Las últimas cinco administraciones que se instalaron en La Moneda (1973-2009) dan fe de ello con sus actuaciones más relevantes.

Los intereses económicos de actores sociales pudientes han sido responsables directos de los principales acontecimientos políticos experimentados por Chile desde el momento mismo de su independencia como nación soberana. Pero, en los pasados cuarenta años esos intereses lograron posicionarse como mandantes exclusivos, defenestrando cualquier iniciativa tendiente a mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los dieciséis millones de chilenos.

Fueron esos intereses económicos los que terminaron con las utopías e idealismos latinoamericanos, derribando las intentonas subcontinentales de estructurar un mercado regional. Desde los pasillos de la Universidad de Chicago esos mismos intereses dirigieron la carreta economicista que tiraban bueyes elegidos por los empresarios transnacionales, pusieron las condiciones más feroces a los primeros gobiernos post-dictadura, y demostraron que su fuerza era suficiente para reinar desde las sombras, sin dar explícitamente la cara y dejando la responsabilidad social en manos de tiendas políticas que bajaron el moño ante el poder del dinero.

El primer caso conocido que refrenda lo anterior, Chile pudo constatarlo cuando la Banca nacional entró en crisis gravísima -casi quiebra absoluta- y la dictadura pinochetista, dirigida por los Chicago Boys de la época, obtuvo un préstamo internacional de cientos de millones de dólares que traspasó a las entidades bancarias, pero que fue pagado por los sufridos ciudadanos. Allí comenzó a fraguarse la máxima de los empresarios nuestros: capitalistas en las ganancias, socialistas en las pérdidas.

Paso a paso, en el más completo silencio, el empresariado no sólo supo rebajar drásticamente el tamaño del Estado sino, además, volcar a su favor en forma dramática las resoluciones que el país había adoptado históricamente.

Es así que, por ejemplo, la nacionalización del cobre -votada favorablemente por la unanimidad del Congreso Nacional durante el gobierno de Allende- ha derivado en una nueva privatización del metal rojo, ya que sólo los minerales de Codelco siguen en manos del Estado, pero el 70% de los actuales minerales en explotación pertenece a empresas privadas, transnacionales, y pronto comenzará el trabajo depredador de Barrick Gold en Pascua Lama aumentando los guarismos anteriores en beneficio de capitales no gubernamentales.

Si Codelco reconoce que durante la gestión operativa del año 2008 obtuvo una utilidad de doce mil doscientos millones de dólares, ¿cuál es entonces la verdadera utilidad económica alcanzada por los capitales privados en ese ámbito, y cuál su verdadero aporte en materia impositiva, tecnológica, ambiental y de producción agregada?

La crisis del gas permitió desnudar la maraña empresarial y sus turbios intereses, pues el ministro argentino de energía emplazó en su momento a quien era nuestra ministra, Karen Poniachick -sin titubeos ni espuria caballerosidad- a detener las ansias devoradoras de los empresarios chilenos dedicados a la distribución de ese combustible, ya que estos compraban cada BTU de gas a cinco dólares y lo vendían a los consumidores chilenos a un precio que superaba los veinte dólares. Los argentinos, en cambio, compraban gas a Bolivia pagando cuatro dólares por cada BTU y lo vendían a sus ciudadanos a un precio inferior a los nueve dólares.

“Es que en Argentina gobierna el Gobierno, y no los empresarios”, manifestó el Presidente Néstor Kirchner en esa ocasión. Buena palmada. Desde ese momento, las pataletas y griteríos empresariales chilenos por el asunto del gas pasaron a un extraño y silente oscurantismo. Pero los distribuidores privados siguieron vendiendo a los consumidores nacionales aquel combustible a veinte dólares el BTU.

Los graves e insoportables tropezones del Transantiago apuntaron en la misma dirección. La idea del gobierno era, sin dudas, buena, necesaria y civilizada. Mejorar sustancialmente el paleolítico sistema de microbuses a granel que Santiago soportaba desde siempre, es obviamente una iniciativa que merece apoyo total. Sin embargo, ello hería las billeteras de algunos empresarios “históricos” del transporte urbano, los mismos que extraña e increíblemente fueron aceptados por el gobierno de Lagos en el nuevo Plan.

A poco andar, esos empresarios colocaron las primeras grandes piedras a la marcha del nuevo transporte; escatimaron responder a lo acordado por contratos y mantuvieron a cientos de máquinas en sus parques de estacionamiento, dejando a miles de santiaguinos sin locomoción y con un cuello más largo que el de los cisnes. No contentos con lo anterior, uno de esos “patrones” (de apellido Navarrete) obligó a sus conductores a firmar contratos en blanco, mientras que otros dueños de buses estipularon salarios por bajo el mínimo acordado con el gobierno. La idea, entonces, era y sigue siendo el regreso de la selva microbusera que tantos réditos económicos les ha dado.

Hoy, el ochenta por ciento de las actividades industriales, extractivas, comerciales y de servicios está en manos de un empresariado que sigue pujando por conseguir el veinte por ciento restante. El gas, el agua potable, el sistema de redes de alcantarillado, la luz eléctrica, la telefonía, el sistema previsional, la minería, la pesca, la riqueza forestal, la agricultura, las aguas de ríos y lagos, el transporte público, las rutas y principales carreteras del país, los cementerios, las otrora florecientes industrias creadas por CORFO, las universidades y la educación en su casi totalidad (al igual que la Salud), la capacitación laboral, los glaciares, las hoyas hidrográficas, además de un largo etcétera, se encuentran en poder de privados.

La hora del empresariado es ya suficientemente extensa (y fructífera sólo para los dueños de los medios productivos), pero no ha sido capaz de satisfacer las necesidades de la mayoría de los chilenos. Para comprobarlo empíricamente basta observar la brecha económica, cuya profundidad y distancia crece día a día. Es momento de comenzar una redistribución justa, equitativa y digna que, por cierto, no desmedre ni ponga en riesgo la actividad privada pero que, en razón de la justicia, dé respuesta positiva a las demandas de la población y permita, al menos, la existencia de un Estado macizo y eficaz. .

No constituye misterio ni despropósito ni injuria asegurar que el empresariado chileno no desea un Estado gigante ni un Estado macizo…pero tampoco acepta un Estado enano. Definitivamente, los empresarios criollos no quieren que exista Estado. Ellos aseguran poder dirigir todas las actividades del país teniendo como única ley aquella del libre mercado, esa misma que nos tiene subsumidos en el fondo de una de las brechas económicas más profundas del planeta, y envueltos en legislaciones clasistas que abominan de las mayorías trabajadoras al negarles derecho a sindicalización y a negociar colectivamente.

Para asegurarse de que lo anterior continúe incólume en detrimento de las clases trabajadoras, y ya que les ha sido difícil eliminar al Estado, los empresarios apuestan ahora a conseguir las riendas del gobierno para uno de los suyos, y desde allí, en cuatro años (tiempo que les resulta suficiente), estructurar una argamasa jurídica que haga imposible a otros gobiernos y a otros Parlamentos abortar las legislaciones económicamente predadoras y políticamente antidemocráticas.

En la hora de la reflexión, suenan en lontananza las palabras de un viejo educador y maestro que guió profesionalmente a miles de alumnos en la Universidad de Chile, el académico Armando Cassigoli, fallecido en el exilio mexicano, quien aseguraba que “las empresas deben ser dirigidas por empresarios; los conventos deben ser administrados por monjas; los ejércitos deben ser comandados por generales… y los gobiernos deben estar en manos de políticos””.

Demasiado obvio, demasiado elemental, dirá más de alguien, pero superada la ironía aquel que considere simplón el comentario del académico habrá de recordar que hoy, al menos en Chile, “en la vidriera de los cambalache se ha mezclado la vida”, ya que hay laicos millonarios a cargo de conventos (Opus Dei, Legionarios, etc.), prostitutas dando clases de moral en programas de televisión y empresarios intentando agenciarse gobiernos. Malo, en realidad muy malo, negativo y peligroso para la salud social y democrática de un país.

En definitiva, no es recomendable que ocurra, ya que siempre en estos cambalaches quien pierde es la mayoría; por ello me permito llamar la atención a objeto de que no se diga después que nadie avisó. Bien, pues, avisados quedamos todos, y sin derecho a lagrimear cuando la leche esté derramada. Cuesta creer que ello pueda suceder en Chile, donde muchos opinan que las cosas están perfectamente ubicadas en sus respectivos nichos, ya que difícilmente un pez subiría el Aconcagua, o un lonko mapuche comandaría la Fuerza Aérea, o un empresario especulador y financista dirigiría el país desde La Moneda.

No, eso no va a pasar….

A menos, claro, que los chilenos -informados y usando su soberanía- estimen lo contrario e insistan en dejar sus futuros en manos de interpósitos comerciantes.

Arturo Alejandro Muñoz