En el Tribunal de Garantía de Valparaíso se realizará la audiencia de formalización de cargos en contra de Alejandro Iribarren, Paul Araya y Eric Araya, miembros de radio UV 15 de cerro Las Cañas, quienes son requeridos por el delito de "interceptación de telecomunicaciones" tras una querella presentada por el director de la Asociación de
Radiodifusores de Chile (ARCHI) Luis Pardo Sáinz.
La querella afecta a los compañeros miembros de esta emisora que durante 11 años ha operado en ese popular sector del puerto con un fuerte reconocimiento y respaldo de su comunidad.
Esta es otra más de una serie de operaciones de persecución y amedrentamiento que han venido enfrentando distintos medios comunitarios del país en el curso de los últimos meses.
La situación de radio UV 15 fue conocida luego del allanamiento que realizó a la emisora la Policía de Investigaciones el pasado 30 de julio como parte de la querella presentada, ocasión en la que le fueron requisados todos sus equipos, y que afectó también a Radio 2000 de Montedónico en Playa Ancha quienes también fueron allanados y requisados, y a un operativo similar realizado el mismo día en Radio Placeres.
Similar querella afecta a Fidel Galaz, director de radio Sin Voz de La Reina en Santiago, quien en una situación que sin duda hará historia decidió no aceptar la salida alternativa ofrecida por el tribunal y que significaba en la práctica el cese temporal del proceso, decidiendo ejercer sus derechos y continuar la investigación y juicio en su contra, arriesgando las sanciones penales que contempla la ley.
En el Senado chileno –y tras su aprobación en la Cámara de Diputados- se discute actualmente la ley que crea los servicios de radiodifusión comunitaria y ciudadana, regulando la obtención de concesiones y una serie de otros aspectos jurídicos y técnicos, ley que sin embargo sigue manteniendo el porcentaje más amplio del dial para los consorcios radiales comerciales, dejando apenas un porcentaje cercano al 6% para los proyectos de la sociedad civil.
Dicha legislación no sólo contraviene la mayoría de los estándares y experiencias internacionales en el ámbito de la democratización del espectro radioeléctrico, sino también contribuye a perpetuar el escandaloso estado de concentración de los medios de comunicación en Chile.
Al mismo tiempo, el gobierno y su aparataje se esmeran en dar los últimos golpes a quienes ejercen el justo y legítimo derecho a informar y comunicarse, sea dentro o fuera de los estrechos márgenes legales que otorga el sistema, dejando clara la falta de garantías del Estado chileno para el ejercicio de estos derechos humanos y ciudadanos fundamentales.
Llamamos a todas las personas, organizaciones sociales, políticas y ciudadanas a hacer circular esta información que seguramente no formará parte de las pautas noticiosas de los medios, como también a mantenerse atentas y atentos al proceso de formalización de los compañeros radialistas de Valparaíso.
LA COMUNICACIÓN ES UN DERECHO HUMANO
Agradecemos colaborar en su difusión
EQUIPO
LaRadioneta
Valparaíso
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